El juicio al expresidente francés Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias se reanuda este lunes, tras un falso inicio la semana pasada. Todo estaba listo en el tribunal de París el 23 de noviembre para la apertura de este juicio sin precedentes pero uno de los tres acusados, Gilbert Azibert, solicitó un aplazamiento alegando que su salud corría riesgo por la epidemia del coronavirus. Tras ordenar un examen médico que dictaminó que su estado es «compatible» con su comparecencia, el tribunal rechazó el jueves la demanda, instando al antiguo alto magistrado de 73 años a presentarse «personalmente» a la audiencia el lunes.
Lo más importante: la 32ª sala correccional tiene previsto empezar a la una y media de la tarde el examen de este caso inédito. Ningún ex jefe de Estado había sido juzgado en Francia por corrupción. Antes de Nicolas Sarkozy, de 65 años, solo Jacques Chirac fue condenado en 2011 por el caso de empleos ficticios en la alcaldía de París, cuando era alcalde, aunque nunca compareció ante los jueces por razones de salud. Sarkozy, presidente entre 2007 y 2012, acudió el lunes y jueves. «No tengo la intención de que se me reprochen cosas que nunca cometí», declaró antes del juicio, descartando que que fuera un «corrupto» y denunciando un «escándalo».
Retirado de la política desde su derrota en las primarias de la derecha en 2016 pero con influencia en el partido conservador Los Republicanos, Nicolas Sarkozy podría ser condenado a 10 años de cárcel y a un millón de euros de multa por corrupción y tráfico de influencias, así como el resto de los juzgados, acusados de violación del secreto profesional, que también refutan cualquier infracción. En este caso, Sarkozy es sospechoso de haber intentado corromper, junto con su abogado Thierry Herzog, a Gilbert Azibert cuando era juez en el Tribunal Supremo.
Según la acusación, el exmandatario buscaba obtener informaciones cubiertas por el secreto, e influir en las diligencias abiertas ante la alta jurisdicción relacionada con el caso Bettencourt, en el que había sido sobreseído a finales de 2013. A cambio, habría ayudado a Gilbert Azibert a obtener un puesto de prestigio al que éste aspiraba en Mónaco, aunque nunca lo obtuvo.
Este caso, conocido en Francia como el de las «escuchas», surgió por otro caso que afecta desde hace años al exjefe del Estado, el de las sospechas de financiación de Libia a su campaña presidencial de 2007, que le ha supuesto una inculpación cuádruple.
En el marco de estas investigaciones, los jueces descubrieron en 2014 la existencia de una línea telefónica oficiosa entre el antiguo presidente y Herzog, abierta a nombre de «Paul Bismuth«, el nombre de un viejo conocido de instituto de Herzog. Las conversaciones interceptadas en esta línea secreta están en el centro del caso. Para la acusación, son la prueba de un «pacto de corrupción«. Para la defensa, se trata de una escucha «ilegal» ya que considera que se ha violado el secreto de los intercambios entre un abogado y su cliente.
La defensa también tratará de dilucidar el caso denominado «bis», una investigación preliminar para averiguar el posible «topo» que supuestamente informó a Nicolas Sarkozy y a Thierry Herzog de que estaban siendo escuchados por la Justicia en su línea «Bismuth».
