La Cámara de Diputados de Argentina comienza este martes a debatir en comisión el proyecto de legalización del aborto enviado por el Gobierno de Alberto Fernández, una cuestión que divide horizontalmente los partidos en un país de fuerte influencia católica. El proyecto contaría con los votos necesarios para su aprobación en la Cámara Baja, según las posiciones ya anticipadas, mientras que en el Senado, tradicionalmente más conservador, la votación estaría levemente a favor del rechazo, con algunos representantes sin definir.
Lo más importante: esta es la novena vez que un proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entra al Congreso, pero es el primero enviado por el Ejecutivo. Solo una vez, en 2018, el debate llegó al recinto, donde fue aprobado en Diputados pero rechazado en el Senado. «Confío en que esta vez se apruebe. Hay un cambio muy fuerte porque en 2018 no teníamos el apoyo del Ejecutivo. Estoy muy esperanzada. En Diputados no va a haber problemas, veremos en Senado», ha dicho Nelly Minjersky, una de las fundadoras de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ha presentado ocho proyectos en sus 15 años.
Minjersky, abogada de 91 años, es una de los 10 expositores que intervendrán ante los diputados a favor del voto verde, mientras que otros 10 defenderán el voto celeste, en contra de la legalización del aborto. «Los que se dicen ‘pro-vida’ son los violentos, son antiderechos. Nosotras queremos ampliar derechos y no obligamos a nadie», ha dicho Minyersky, para quien «es falsa la caracterización de dos vidas».
El debate arranca con una videoconferencia conjunta de las comisiones de Legislación General, Legislación penal, Mujeres y Diversidad, Acción social y Salud Pública, encargadas de sacar un dictamen para tratarlo en el recinto el 10 de diciembre. Más allá del recambio parcial del Congreso en las elecciones del año pasado, se tendrán en cuenta como válidas las exposiciones del extensísimo debate de 2018.
«No queremos más muertas ni niñas forzadas a embarazos», claman las activistas a favor de la IVE, que en 2018 movilizaron a cientos de miles de mujeres, pero que este año han tenido que limitar las manifestaciones a acciones callejeras no multitudinarias y a las redes sociales por la pandemia del coronavirus[contexto id=»460724″]. Distintas estimaciones calculan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos por año en Argentina, ha dicho la titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, una de las impulsoras del texto.
Por el lado celeste, miles de personas se movilizaron en Buenos Aires y otras ciudades del país el sábado pasado convocados por las Iglesias católica y evangélica y organizaciones civiles. «El pueblo argentino es pro-vida. Ahora veremos qué hacen los legisladores, si responden al presidente o a la gente», dijo en la marcha una activista que prefirió guardar el anonimato. «Sé que hay embarazos inesperados, respeto los derechos de la mujer. Pero el aborto no lo reconozco como un derecho».
En los últimos días, grupos celestes realizaron manifestaciones frente a domicilios de legisladores del voto verde. En respuesta, la Cámara de Diputados constituyó un cuerpo de abogados para «garantizar la defensa de la intimidad y la libertad de cada legislador para expresar su opinión». «Grupos de militantes celestes aparecieron en la puerta de la panadería de mis padres con pancartas con mi cara por estar a favor del aborto. Este debate se torna violento y muy antidemocrático», ha denunciado la diputada Carolina Gaillard.
