La ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha señalado que las subvenciones se ejecutarán «vía decreto»
El Gobierno ha aprobado subvenciones directas que ascienden a 16,4 millones de euros para la atención de menores migrantes no acompañados en Canarias, Ceuta y Melilla ante el aumento de las llegadas en esos territorios en 2020 y por «razones de interés social y humanitario».
Según ha explicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros, se aprueban esas cantidades «vía decreto» ante la necesidad de tomar medidas «para atender de manera inmediata» a los menores extranjeros que han llegado solos a España. De esa cantidad, 10 millones se entregan para esa atención y acogida de los menores migrantes al Gobierno de Canarias y otros 6,4 millones a Ceuta y Melilla.
Según los reales decretos que regulan la concesión directa de esas subvenciones, divulgados por Vicepresidencia de Derechos Sociales al Consejo de Ministros, esas cantidades se destinarán a actividades de atención inmediata y acogida de los menores, así como para la información, orientación y apoyo psicosocial del menor extranjero no acompañado, su escolarización, su inclusión social o su formación e inserción profesional.
Argumentan que Canarias y las ciudades autónomas están afectadas por «una mayor presión migratoria que otros territorios al ser puntos de acceso preferente de las rutas migratorias procedentes de África con destino a Europa».
Los decretos exponen que el fuerte incremento de menores que han llegado en 2020 a las costas canarias y a las ciudades autónomas ha obligado a aumentar las previsiones y recursos disponibles de los servicios de protección para otorgarles la protección y la atención necesaria «para dar respuesta a sus derechos y a sus necesidades específicas, que no pueden ser satisfechas por los medios regulares de los que dispone esta comunidad autónoma».
El Gobierno recuerda que son las comunidades las competentes de la protección de la infancia en sus respectivos territorios y que el decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de inmigración.
Las subvenciones son compatible con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
