El Gobierno solo responde satisfactoriamente al 60,4% de las demandas del Consejo, por el 84,8% de la etapa de Rajoy
Un consejo de expertos fantasma, el envío de inmigrantes a la península desde Canarias a la península o el cese sin explicación de cargos policiales. Estas son algunas de las cuestiones que el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos tiene pendientes de responder ante la opinión pública y que le han sido reclamadas por el Consejo de Transparencia. Solo en el año 2020, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ignorado 76 reclamaciones de este organismo sobre sus modos de proceder.
Dicho de otra forma, tal y como publica ‘El Español’, el Gobierno solo responde satisfactoriamente al 60,4% de las demandas del Consejo, una cifra que contrasta con la del Ejecutivo que lideró Mariano Rajoy, que, además de ser artífice de la creación de este organismo dedicado a la transparencia, atendió al 84,8% de las reclamaciones a la hora de rendir cuentas. El actual gabinete, liderado por Pedro Sánchez, queda, por tanto, en clara desventaja con casi 25 puntos menos en su índice de respuesta a las demandas de Transparencia. Todo ello a pesar de que la pandemia ha ralentizado muchos procesos administrativos y este año el Consejo apenas ha elevado la mitad de quejas al Gobierno que en 2019.
La más conocida de estas cuentas pendientes del Gobierno en cuestiones de transparencia es la del famoso consejo de expertos en sanidad que supuestamente han venido asesorando al Ejecutivo durante la gestión de la pandemia del coronavirus. Durante meses han sido muchas las voces que desde la oposición política y desde la sociedad civil han reclamado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que revelasen los nombres de los expertos que componían ese órgano. Finalmente, el pasado 30 de noviembre, se dio a conocer que el Consejo de Transparencia había ordenado al Gobierno que diese a conocer la identidad de los supuestos expertos. Quince días después, el silencio ha sido la única respuesta del Ejecutivo de Sánchez.
Otro asunto de actualidad por el que el Gobierno aún tiene que responder es el traslado de inmigrantes llegados a Canarias desde las islas a la península. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló en primera instancia que este modo de actuar era ilegal. Sin embargo, cuando el Ejecutivo procedió al inicio de los viajes, la versión de Interior cambió. Esta circunstancia ha llevado a que el Consejo de Transparencia acoja la petición del Sindicato Unificado de Policía y solicite al Gobierno que aclare la situación.
Como tercer y último ejemplo, otro tema por el que el Gobierno aún tiene que responder y que también tiene que ver con el Ministerio del Interior es el cese del jefe del servicio de Seguridad Laboral de la Policía Nacional, José Antonio Nieto, que se adelantó a la tardía respuesta del Ejecutivo a la pandemia del coronavirus. Este mando policial, en previsión de las dificultades que vendrían, consiguió adquirir mascarillas en febrero y circuló información a los agentes sobre cómo protegerse frente al COVID-19. Lejos de premiarse su visión, el ministro Marlaska lo destituyó el 12 de marzo, apenas tres días antes de la declaración del estado de alarma en España. En el expediente de cese no se señala ningún motivo que explique el relevo de Nieto.
