El exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín y el expresidente del la empresa Persán José Moya se han acogido a su derecho a no declarar en relación al encargo que supuestamente hizo este último en 2011 al excomisario Villarejo para espiar al exdueño de la constructora Martín-Fadesa
Ambos han alegado problemas de enfermedad para poder responder debidamente en estos momentos al interrogatorio del juez y los fiscales, si bien el exsenador, que ha comparecido por videoconferencia desde Sevilla, se ha mostrado dispuesto a declarar más adelante, han informado fuentes presentes en la comparecencia.
El que sí ha declarado ha sido un tercer imputado al que también había citado este miércoles el magistrado Manuel García Castellón en el marco de esta pieza, la número 25 del caso Tándem, que hasta ahora había permanecido secreta tras su apertura el pasado 10 de enero.
Se trata de Raúl María Jara Lorenzo, un exdirectivo de Persán que ha confirmado ante el juez la relación de amistad entre José Moya y el exsenador socialista, del que ha dicho que incluso figuraba en una fundación del grupo empresarial, pero que no sabía si ganaba dinero por ello.
También ha dicho desconocer si actuó como intermediario en el encargo que Moya hizo a la empresa del excomisario José Villarejo, Cenyt, en relación a un reconocimiento de deuda relacionado con Fernando Martín, exdueño de Martinsa-Fadesa.
Se le ha preguntado además si era normal que se pidiera girar facturas de carácter personal al grupo Persán, a lo que el investigado ha respondido que al tratarse de un grupo único ese procedimiento es legal debido a la consolidación fiscal.
Respecto a los conceptos que se ponían en las facturas, ha explicado que se buscaba poner aquel que pudiese desgravar.
En esta pieza se investigan presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos en relación al denominado «Proyecto Saving», en cuya contratación habría supuestamente actuado como intermediario el exsenador. El proyecto Saving tiene su origen en la llamada operación Fadesa, «formalizada mediante contrato en diciembre de 2007 que concedía a José Moya Sanabria derecho de opción de venta frente a Fernando Martín sobre un paquete de acciones de Martinsa».
La opción de venta se ejercitó el 14 de mayo de 2010, pero en julio de 2008 Martinsa-Fadesa decretó suspensión de pagos y declaración voluntaria de concurso de acreedores.
Moya ejercitó entonces diversas acciones para reclamar el crédito sin éxito, y sospechó que podía deberse a «algún tipo de influencia por parte de Fernando Martín y su círculo sobre el juez, los administradores concursales e incluso los interventores«, por lo que en 2011 decidió recurrir a los servicios del excomisario.
