La justicia francesa sí que se ha pronunciado de forma definitiva en favor de su entrega a España por otras tres causas diferentes
La justicia francesa rechazó este miércoles una euroorden española para juzgar a la etarra Iratxe Sorzábal por un atentado contra el Palacio de Justicia de San Sebastián en 1996 al considerar que la Audiencia Nacional de Madrid no ha aportado elementos que descarten la posibilidad de que fuera torturada.
«Las autoridades españolas no han respondido con el suficiente rigor», señaló para justificar su dictamen la presidenta de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París.
Se refería así a la solicitud que había hecho la sala de instrucción en junio a la Audiencia Nacional de Madrid para aclarar varios puntos de la euroorden y en particular qué tramite se había dado a las denuncias de Sorzábal de haber sido torturada por la Guardia Civil cuando fue detenida en marzo de 2001.
La respuesta de los jueces españoles a esa solicitud, según el relato que se hizo en una audiencia previa de la misma sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París el 18 de noviembre, fue para decir que no tenían información de ese trámite.
No obstante, hicieron notar que las pruebas que sustentan su acusación contra Sorzábal por estragos terroristas por el ataque con explosivos contra el Palacio de Justicia de San Sebastián el 19 de octubre de 1996 -que causó daños materiales, pero no víctimas personales– no son únicamente sus declaraciones autoinculpatorias al ser arrestada en marzo de 2001.
También hay un documento manuscrito en euskera de la etarra encontrado en 2002 en una vivienda clandestina de ETA en la ciudad francesa de Castres. Pero para la Fiscalía francesa ese documento estaba «viciado» porque en él la etarra lo que en realidad contaba eran los malos tratos que había sufrido en manos de las fuerzas del orden españolas en 2001 y los hechos que le habían obligado a atribuirse la autoría del atentado bajo la supuesta tortura.
El Ministerio Público francés había constatado un problema de traducción de ese manuscrito que cuestionaba la lectura que había hecho la Audiencia Nacional española. Como la Fiscalía no va a recurrir ante el Tribunal Supremo, el rechazo de la euroorden pasará a ser definitivo en unos días y Sorzábal, de 49 años, no podrá ser juzgada en España por esos hechos.
Pero la justicia francesa sí que se ha pronunciado de forma definitiva en favor de su entrega a España por otras tres causas diferentes.
Se trata de un atentado contra el aeropuerto de Alicante el 29 de julio de 1995, de la colocación de una carga explosiva en las instalaciones aduaneras de Irún el 8 de octubre de 1995 y de otro atentado con una bomba junto al Palacio de Justicia de Gijón el 9 de noviembre de 1996.
Sorzábal, que fue detenida en 2015 en el País Vasco francés junto al etarra David Pla, podría ser teóricamente juzgada antes de que en 2023 termine de cumplir su pena impuesta por la Justicia francesa, aunque eso necesitaría una nueva demanda española y su aprobación por los magistrados franceses.
Según su abogada, Xantiana Cachenaut, el de este miércoles es el primer rechazo de una euroorden contra un etarra en Francia por sospecha de torturas de las fuerzas del orden españolas.
