La Generalidad de Cataluña ha decidido este lunes no endurecer las restricciones
La Generalidad ha decidido este lunes no endurecer las restricciones para frenar el avance del virus del COVID-19, al tiempo que ha anunciado que asume los rastreos, por lo que da por finalizado el contrato suscrito con Ferroser, la filial de Ferrovial encargada desde junio de aquellos en Cataluña.
La consejera de Salud, Alba Vergés, el consejero de Interior, Miquel Sàmper, la directora general de Protección Civil, Isabel Ferrer, y el secretario general de Salud, Marc Ramentol, han comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de la evolución de la pandemia en Cataluña.
Este lunes, 28 de diciembre, era el día fijado para analizar si las restricciones en vigor desde el pasado 21 funcionaban como se esperaba o no y si, en función de eso, se mantenían hasta el 11 de enero o se consideraba que debían endurecerse.
Pese a unas declaraciones de ayer domingo de Sàmper que parecían avanzar que el Procicat impondría nuevas restricciones, hoy lunes se ha decidido no añadir medidas a las ya en vigor desde ese 21 de diciembre, a excepción de las vigentes en las comarcas de la Cerdanya y el Ripollès desde el pasado martes 23.
Según ha explicado Vergés, en las últimas fechas se ha logrado «contener» la velocidad de la expansión del virus -la Rt era de 1,41 el 18 de diciembre, hoy lunes es de 1,17- y los nuevos ingresos hospitalarios -que se producen a partir de unos diez días desde el momento del contagio- no son mayores de los que se previeron cuando se aplicaron las medidas.
Ello, sumado a que se considera que la ciudadanía está cumpliendo en su mayoría con las actuales medidas, pese a que «la situación no es buena» y «no se descarta nada», ha llevado a mantener las restricciones en vigor hasta el 11 de enero.
Así, seguirá vigente el límite de reuniones de seis personas, con la excepción del 31 de diciembre y el 1 y el 6 de enero, cuando se podrán ampliar a 10 personas siempre que no excedan dos burbujas de convivencia; el toque de queda nocturno se mantiene a partir de las 22:00 horas, pero en Nochevieja se amplía a la 1 de la madrugada, y la noche de Reyes a las 23:00 horas.
En cuanto a la movilidad, sigue el confinamiento perimetral de Cataluña, mientras que la movilidad interior queda restringida al ámbito comarcal durante todos los días de la semana, y no solo los fines de semana como hasta ahora.
La restauración seguirá pudiendo abrir y servir en el interior del establecimiento solo en dos franjas: de las 07:30 horas a las 09:30 horas para desayunos y de las 13:00 horas y las 15:30 horas para comidas.
Sàmper ha argumentado que el hecho de que se mantengan las restricciones actuales y no se haya acordado una ampliación se basa en los datos sanitarios analizados hoy, aunque ha admitido que la interacción social que haya podido darse durante nochebuena y Navidad todavía no se refleja en las cifras actuales.
Ha advertido así de que sería un «grave error» creer que ya «estamos protegidos» con el inicio ayer de la vacunación, por lo que ha hecho un llamamiento a la «prudencia».
Precisamente, este lunes Cataluña ha sumado 973 nuevos contagios y 24 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, mientras el índice de rebrote ha aumentado en tres puntos, hasta alcanzar los 377, y ha crecido también en 72 el número de pacientes ingresados.
Por otra parte, Vergés ha anunciado que el departamento de Salud dejará sin efecto el 31 de enero el contrato que liga al ente público Servicio de Emergencias Médicas (SEM) con Ferroser, la filial de Ferrovial encargada del rastreo del virus en Cataluña.
Según ha detallado Ramentol, se hará uso de una cláusula del citado contrato -válido hasta el 31 de mayo- que permite dar por finalizada la relación desde el momento en que comience el proceso de vacunación, que arrancó ayer domingo.
Así, Ferroser no percibirá indemnización de ningún tipo, ha afirmado el secretario general de Salud.
Este contrato, firmado mediante procedimiento de emergencia, ha sido foco de polémica durante los últimos meses: el Parlamento ha pedido al Govern que lo rescindiera y el Síndic de Greuges abrió una investigación de oficio sobre el asunto.
A partir del 31 de enero, Salud incorporará a entre 450 y 750 personas, ya inscritas en una bolsa de trabajo habilitada por el departamento, cuya función consistirá en seguir el rastro de contactos de positivos, lo que supondrá un coste adicional de 19 millones de euros.
Pese a toda la polémica generada, Ramentol ha defendido que Ferroser ha hecho una «labor relevante» durante estos meses y «sin duda ha ayudado en la contención de la pandemia».
«La función llevada a cabo ha sido muy necesaria en el contexto que hemos estado viviendo y la necesitábamos. Han cumplido con la función que se les requería», ha agregado.
