Comisiones Obreras y UGT se están planteando iniciar movilizaciones en febrero
CCOO y UGT se están planteando iniciar movilizaciones en febrero ante el bloqueo del diálogo social, que ven comprometido por las diferentes posturas dentro del Gobierno de coalición respecto a temas como la subida del salario mínimo (SMI), un asunto sobre el que aún se delibera en el seno del Ejecutivo.
Fuentes sindicales explican que el salario mínimo no es la única razón para movilizarse, aunque podría ser la gota que ha colmado el vaso tras haber quedado también en suspenso la negociación de la ley que regula el trabajo en las plataformas digitales o los cambios en la reforma laboral de 2012.
El salario mínimo interprofesional de 950 euros brutos mensuales en 14 pagas vence el 31 de diciembre y el Gobierno aún no ha tomado una decisión con la que evitar el posible limbo legal que podría darse de no aprobarse la norma correspondiente, cuando faltan menos de 24 horas para la celebración del último Consejo de Ministros del año.
Fuentes gubernamentales aseguran a EFE que todavía no se sabe si mañana se verá el real decreto que tiene fijar el SMI y cuyo contenido pasa por subirlo, por congelarlo o por prorrogar el de 2020 para dar mayor margen a la negociación con los agentes sociales.
A los sindicatos no se les escapa la pugna existente dentro del Gobierno, que ha condicionado el diálogo social tras las declaraciones de algunos de sus miembros que han vinculado la subida del SMI a conseguir el acuerdo de patronal y sindicatos, lo que creen que ha dado alas a la CEOE para poder vetar el alza de la remuneración mínima y otros cambios en la legislación laboral.
En este sentido, los CCOO y UGT rechazan que la crisis económica se ponga como coartada para dilatar el calendario de negociación comprometido en el marco del diálogo social y por ello se plantean ir a la movilización a principios de febrero, teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias y de seguridad vigentes.
Los sindicatos también ven con recelo la concreción de las reformas estructurales que el Gobierno tiene que comunicar a Bruselas como parte del procedimiento de obtención de los fondos para la recuperación.
En este proceso se ha puesto encima de la mesa del Gobierno la posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 35 años, una cuestión que los sindicatos no van a aceptar porque no aparece en las recomendaciones del Pacto de Toledo ni está en la mesa de diálogo social para la reforma de las pensiones.
