El juez García-Castellón no pudo imputar a Iglesias por revelación de secretos y denuncia falsa por su condición de aforado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer ante los medios de comunicación para realizar una autoevaluación de su primer año al frente del Ejecutivo de coalición. El líder socialista subrayó los compromisos que su gabinete ha cumplido a lo largo de estos meses y sacó pecho de los logros del Gobierno que encabeza. No obstante, se dejó en el tintero otras promesas que hizo en su día y que ahora, por cálculo político, no le interesa cumplir.
En concreto, hay un punto del pacto que Sánchez firmó con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para la constitución del Gobierno de coalición y que omitió deliberadamente en su comparecencia de este martes. Se trata de su compromiso de limitar los aforamientos, formulada así en el documento que rubricaba la alianza PSOE-Podemos: «Reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos, limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público».
Pues bien, el motivo de que Sánchez no haya querido encarar esa reforma que prometió es precisamente porque podría perjudicar a su más inmediato socio de Gobierno. Y es que Pablo Iglesias ya se ha visto beneficiado por su condición de aforado cuando el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón no pudo declararle como investigado en el llamado ‘caso Dina’. La instrucción del juez había puesto el ojo sobre el líder de Podemos por los presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género y de denuncia falsa.
El magistrado no pudo más que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, precisamente por ser Iglesias aforado. En su escrito, García-Castellón pedía al TS que investigase al líder de Podemos.
