El Ejecutivo se divide entre la cesión obligatoria de inmuebles vacíos al Estado, que defiende Podemos, y la creación de un parque público de alquiler, por la que opta el PSOE
En fase de negociación entre el Ministerio de Transportes, que dirige José Luis Ábalos, y el de Derechos Sociales, de Pablo Iglesias, el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda entraña un nuevo foco de tensión entre los socios de Gobierno y de incertidumbre y recelo en el sector inmobiliario.
Además, comunidades autónomas como Madrid se quejan de no tener un texto articulado sobre el que opinar, a pocas semanas para que el anteproyecto se eleve al Consejo de Ministros, si Ábalos cumple su palabra de llevarlo a principios de febrero.
Previsiblemente la ley amparará la limitación de los precios de alquiler por parte de las comunidades y los ayuntamientos de un determinado tamaño, algo que ya ha empezado a hacer Cataluña con la ley de contención de rentas que aprobó en septiembre, promovida por comunes e independentistas.
La norma catalana, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por vulnerar competencias estatales, obtendría así su «paraguas» legal antes de que se pronuncie el TC.
Sancionar viviendas vacías
La diferente visión que tienen el PSOE y Unidas Podemos en política de vivienda está siendo motivo de «tensiones tremendas» en el Gobierno, aseguran a Efe desde la órbita del partido morado, partidario de movilizar los inmuebles vacíos a base de cesiones obligatorias al Estado y de sanciones a los propietarios.
Los socialistas, sin embargo, prefieren incentivar con desgravaciones fiscales la puesta en arrendamiento de las viviendas vacías y apuestan por la construcción de un parque público de alquiler mediante fórmulas de colaboración público-privada para incrementar la oferta.
Presionados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los sindicatos de inquilinos, los de Iglesias rechazan esa política del «ladrillo» y de «construir y construir», ya que, a su juicio, eso está en el origen de los problemas de acceso a una vivienda asequible en España, y se oponen frontalmente a «incentivar a una clase rentista que ya de por sí tiene muchos privilegios».
Estos colectivos intentan que la ley establezca unos parámetros en materia de vivienda social de obligado cumplimiento para las comunidades que no quieran aplicar el modelo catalán y pretenden que los alquileres se limiten en función de los ingresos de las familias o de las rentas medias de barrios o distritos.
Efecto en la inversión
Entretanto, promotores inmobiliarios, grandes propietarios y empresas gestoras de alquiler hablan de preocupación, confusión e incertidumbre y ven muy difícil el encaje de ambas posiciones. La práctica totalidad del sector está en contra de la política de intervención de precios y considera que ya se ha demostrado su fracaso en París y Berlín.
En cuanto al otro gran punto de fricción, el de las viviendas vacías, en el sector creen que la posición de Unidas Podemos podría vulnerar el derecho a la propiedad privada.
También lo advierte el director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, José María García, para quien esta penalización provocaría además «efectos perniciosos a la hora de la inversión patrimonial del mercado residencial, uno de los que podría ayudar a hacer palanca económica de la recuperación».
Tras subrayar que la competencia en materia de vivienda en España es exclusiva de las comunidades, el responsable madrileño asegura que, si el texto va por una línea «propositiva», «centrada» y «de promoción» participarán con propuestas de mejora, pero que si va hacia la intervención del mercado y la penalización del propietario se situarán enfrente.
Para el secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Daniel Cuervo, dejar la intervención de precios al albur de las comunidades o municipios de determinado tamaño supondrá un «desequilibrio importante» entre los ciudadanos en función de la zona de España en la que residan.
Los promotores, que trasladaron al ministro Ábalos sus propuestas el pasado noviembre en el periodo de consulta previa de la ley, aseguran que la incertidumbre está haciendo que «los inversores interesados en acudir a las fórmulas de colaboración público-privada no muevan ni un euro».
Sin embargo, grandes consultoras como CBRE explican que «este tipo de legislación un poco más social y protectora con el inquilino y con el inquilino con mayor dificultad de capacidad de pago no es un tema solo de España y el mundo inversor lo sabe».
«Obviamente se prefiere que la legislación sea lo más favorable para el propietario posible, pero por ahora no está parando el interés por seguir invirtiendo en el sector ‘multifamily’ y de vivienda en alquiler en España», afirma el presidente de CBRE España, Adolfo Ramírez-Escudero.
