El CGPJ culpa al Gobierno de no respetar la separación de poderes
El Poder Judicial ha acordado pedir al Congreso un informe sobre la reforma para vetar los nombramientos judiciales
El Consejo General del Poder Judicial considera que la tramitación urgente de la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para vetar los nombramientos judiciales cuando este órgano esté en funciones no respeta la separación de poderes, y por eso ha acordado por 16 votos a 5 pedir de nuevo al Congreso que le requiera un informe sobre esta reforma.
El CGPJ ha adoptado esta decisión en un pleno extraordinario convocado después de que la Mesa del Congreso rechazara a principios de año solicitar dicho informe a este órgano y a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, tal y como planteó el CGPJ al conocer la intención de ambos partidos de limitar sus funciones hasta su renovación.
Según el acuerdo aprobado, que consta de 8 puntos, la modificación «de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones» del CGPJ, «eliminándola durante la situación de prórroga del mandato» y sin dar audiencia a los implicados, no es «el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes».
En el acuerdo, al que se han opuesto los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, el CGPJ «lamenta profundamente» que la Mesa del Congreso «haya hecho caso omiso» de la solicitud que le dirigió el pasado 17 de diciembre de reclamar dichos informes y de que diera «audiencia a todos los agentes afectados por la reforma» como las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia.
Tales peticiones, recuerdan, «no eran más que un recordatorio de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial», según recoge el artículo 122 de la Constitución.
La «desatención por la Mesa del Congreso de los Diputados, sin ofrecer razón alguna, preocupa especialmente al Consejo General del Poder Judicial», advierte el acuerdo.
«Y no, precisamente, porque entienda que la relación entre órganos constitucionales demanda una mínima explicación», sino porque la decisión de la Mesa «privará al debate parlamentario» y, «a la postre, a la ciudadanía» del parecer «cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial».
Por estos motivos, el pleno del CGPJ «se ve en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa» de dar tramitación urgente y sin audiencia» a esa propuesta de ley.
«La falta de audiencia, no sólo desconoce el papel del Consejo General del Poder Judicial como garante de la independencia de jueces y magistrados, sino que también le impide pronunciarse sobre la adecuación de la reforma propuesta a los principios constitucionales y a los estándares europeos», definidos en el Derecho de la Unión Europea y en los dictámenes de la Comisión de Venecia.
La decisión de la Mesa -prosigue el acuerdo- tampoco da oportunidad al CGPJ de informar sobre cómo puede incidir la reforma propuesta en el «correcto» funcionamiento de la Administración de Justicia por la falta de cobertura de vacantes en el Tribunal Supremo o la falta de cobertura o renovación de las presidencias de Audiencias y de los Tribunales Superiores de Justicia y sus Salas.
«En la medida que en el trasfondo de este asunto está la excesiva prolongación de la prórroga del mandato de este Consejo, también tenemos nuevamente que instar a las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales para que acuerden su renovación a la mayor brevedad» reitera el CGPJ.
«El cumplimiento de ese deber constitucional», añade, se debe anteponer «a la apresurada aprobación de unas reformas legales que solo han de abordarse desde los principios constitucionales, la prudencia y la mesura, oyendo y debatiendo todas las opiniones».
«Esa es la única vía para la formación y consolidación de un amplio consenso que libere a esta institución de su constante cuestionamiento y le dote de una estabilidad que redunde» en la garantía efectiva y permanente de la independencia judicial, concluye el acuerdo.
