Con los nuevos traslados autorizados, son ya más de 150 los reclusos etarras que han sido acercados al País Vasco gracias al Gobierno de Sánchez
Instituciones Penitenciarias ha acordado el traslado a cárceles más cercanas al País Vasco de cinco presos de ETA, entre ellos el de Julen Atxurra Egurola, Pototo, condenado entre otras causas a 32 años por ordenar el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
Además de Pototo, que fue dirigente del aparato logístico de la banda terrorista y que será acercado desde la prisión madrileña de Aranjuez a El Dueso, en Cantabria, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado del traslado de otros cuatro presos: Raúl Ángel Fuentes Villota, Zigor Orbe Sevillano, Unai López de Ocariz López y Diego Ugarte López de Arcaute.
Este último, alias Txikitxo o Txampu, fue condenado por participar en el asesinato del dirigente socialista Fernando Buesa y de su escolta, en febrero de 2000 en la ciudad vasca de Vitoria. Fue detenido en Bélgica en 2005 y este viernes Prisiones ha resuelto su traslado desde la prisión de Granada a la de Mansilla de las Mulas, en León.
Con estos nuevos cinco traslados autorizados, son ya más de 150 los reclusos de la banda terrorista que han cambiado de prisión a otras próximas al País Vasco con el Gobierno de Pedro Sánchez, además de una veintena de progresiones de grado.
Los cinco nuevos traslados autorizados por el Gobierno de Sánchez
Julen Atxurra Egurola, Pototo, ingresó en prisión el 28 de noviembre de 2013 y cumple una pena de 30 años por asesinatos, secuestro, depósito de armas, atentado, homicidio y detención ilegal.
Entre sus condenas figuran varios atentados frustrados, el asesinato de un guardia civil en 1986 y los secuestros de Julio Iglesias Zamora y de Ortega Lara, que permaneció 532 días retenido en un zulo.
Pototo cumplirá las tres cuartas partes de la condena en abril de 2034 y, a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión madrileña «por razones amparadas en la Ley de Protección de Datos» será progresado a segundo grado y acercado a la cárcel cántabra de El Dueso.
A este mismo centro será conducido desde la cárcel madrileña de Soto del Real Raúl Ángel Fuentes Villota, condenado a 50 años de cárcel por intentar colocar una bomba en el coche de un policía nacional en Barakaldo (Vizcaya) en 1991. Tendrá satisfechas las tres cuartas partes de su pena (son 30 en total) en mayo de 2031.
Al igual que Pototo, la Junta de Tratamiento de la prisión madrileña ha dispuesto su progresión a segundo grado.
De los cinco traslados, dos serán directamente conducidos a la prisión alavesa de Zaballa. Se trata de Zigor Orbe Sevillano, que abandonará Puerto III, en Cádiz, y Unai López de Ocariz que será conducido desde Daroca, en Zaragoza.
Orbe Sevillano ingresó en prisión el 26 de julio de 2010 y cumple una pena de 17 años y un día por los delitos de atentado y lesiones. Según destaca Prisiones, acepta la legalidad penitenciaria y ha remitido escritos en los que rechaza la violencia, asume el daño causado a las víctimas y aboga por su reparación.
Fue detenido en 2004 cerca de Maontauban (sur de Francia) y tras cumplir varias condenas en Francia, ingresó en prisión en España en 2010 para cumplir penas de cárcel pendiente por, entre otras causas, el incendio en Basauri en 1996 de un autobús, acto en el que resultó gravemente herido el conductor.
Por su parte, Unai Lopez de Ocariz ingresó en prisión el 26 de agosto de 2001 y cumple una condena de 25 años por estragos, asociación ilícita y depósito de armas y municiones. Ya ha cumplido las tres cuartas partes de su condena, en tanto que según señala Prisiones acepta la legalidad penitenciaria, reconoce el sufrimiento de las víctimas y ha manifestado su rechazo a la violencia.
Seguirá cumpliendo su condena en segundo grado a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión zaragozana.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha reiterado su denuncia de que Interior acerca a terroristas que no colaboran con la Justicia y ya ha logrado que el 55 por ciento de los reclusos de la banda estén en prisiones a menos de 200 kilómetros del País Vasco.
«Serán legales, faltaría más, pero están totalmente fuera de la ética y se nos aseguró que no se llevarían a cabo, seguiremos luchando por la dignidad de las víctimas del terrorismo», concluye la asociación en un comunicado.
