La exdirigente popular ha dado un giro argumental a su estrategia de defensa y se ha desentendido del acta falsificada
La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha responsabilizado a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de la falsificación del acta de su trabajo de fin de máster (TFM) del que ha precisado que no llegó a defenderlo, sino que solo dio «unas líneas generales» a unos profesores «en un acto informal».
Cifuentes ha dado un giro argumental a su estrategia de defensa en su esperada declaración en el juicio del «caso máster» ya que ella siempre había mantenido que sí que lo defendió, cuando este viernes ha detallado que, en realidad, lo que ocurrió aquel 2 de julio de 2012 no fue nada oficial porque nadie se lo pidió.
Si luego hubo un acta o no de un tribunal de evaluación ella no lo sabe, porque su presencia en la universidad no respondía a eso.
Por eso se ha desentendido por completo del acta falsificado que le remitió la URJC cuando saltó la polémica el 21 de marzo de 2018, ya que se trata de un documento que ella no sabía ni que existía y, por tanto, que no pidió «jamás», aunque al proceder de la institución no dudó de su credibilidad y por eso lo exhibió ante la prensa, en las redes sociales y en la Asamblea de Madrid.
Cifuentes ha trasladado así la responsabilidad a la universidad que recibió este acta del director del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde, -ya fallecido- con quien Cifuentes pactó las condiciones de su participación en el máster que, según ella, cumplió.
«Realmente yo no defiendo mi trabajo: yo entrego el trabajo y lo explico en línea generales. Me sorprendo porque fue un acto muy informal», ha dicho Cifuentes, que ha relatado que dio por hecho que las tres personas que había en el despacho al que la condujeron «serían profesores de la universidad» y supuso que «lo trasladarían a quien correspondiera para su evaluación».
La responsabilidad que sí ha admitido es la de no saber dónde están «los trabajos de trámite» que hizo para ese máster. «Probablemente esos papeles los destruí una vez que obtuve las calificaciones o los mandé, porque no tenía ningún interés en guardarlos», ha asegurado, no sin antes añadir que sus cinco mudanzas de despacho y dos de casa no han ayudado en esa tarea.
De riguroso negro, Cifuentes ha respondido con seguridad, a todas las partes y sin esquivar cuestión alguna en sus dos horas de declaración dejando claro, cuando se repetían las cuestiones, que eso ya lo había contestado.
Sobre el pendrive aportado por su defensa con su agenda de la última década en la que aparece que tenía previsto ir a defender su trabajo el 2 de julio de 2012, ha dicho que recientemente se la entregó su secretaria que hacía copias de seguridad de su agenda oficial y privada desde su época en la Asamblea regional.
Ha señalado que esa agenda pasó a la Comunidad de Madrid cuando fue nombrada presidenta y que cuando ella dimitió de este cargo toda esa información fue guardada por funcionarios en un pendrive que es el que se ha aportado para demostrar que esa fecha constaba en agenda y que no había sufrido de manipulación posterior.
Tras Cifuentes han declarado como testigos las dos profesoras cuyas firmas aparecen en el acta del TFM, Clara Souto y Alicia de los Mozos, que han reconocido que mostraron a una de las docentes procesadas -Cecilia Rosado- sus firmas, en una videollamada, pensando que era para algo «menor», y no para tal fin.
Souto ha explicado que era habitual que entre ellas se firmaran por las otras para ayudarse, pero en asuntos menores, por eso enseñó cómo hacer su firma. No obstante, cuando se enteró del asunto, pidió al catedrático que dijera la verdad pero éste no lo hizo porque estaba siendo presionado desde instancias educativas y políticas.
De los Mozos hizo lo mismo con Rosado pensando que era porque «buscaban información sobre el máster» pero cuando comprobó lo sucedido decidió contar la verdad pese a las «presiones» y «coacciones» de Álvarez Conde, quien le advirtió de «consecuencias».
Luego ha testificado el rector de la URJC, Javier Ramos, que ha explicado que fue el consejero de Educación Rafael Van Grieken quien le hizo un número de llamadas «numeroso» reclamando el acta del TFM, y como Álvarez Conde le había contado previamente que, entre otros documentos, «tenía un acta en su poder», entonces se lo mandó. Esto contradice la versión dada unas horas antes por Cifuentes.
Si que ha dicho que su visión del asunto cambió tras la rueda de prensa de aquel día cuando se percató de una serie de «inconsistencias» porque había «varios errores administrativos graves que no son normales que ocurran», como que la funcionaria Amalia Calonge hubiera modificado las notas de Cifuentes en 2014.
Aunque si ha habido un testimonio que ha echado por tierra la versión de Cifuentes ha sido el de Pilar Trinidad, jefa de inspección de servicios de la URJC por dos motivos.
Primero porque ha asegurado que el pago de las tasas para hacer el TFM es siempre previo a su presentación, por lo que «si se hace el pago en noviembre del 2012 es porque o no se ha defendido antes o simplemente no se ha defendido». Y segundo porque el acta del TFM que salió en la prensa no estaba en los servicios de posgrado, es decir, el acta que exhibió Cifuentes «no es el acta oficial».
A ello ha añadido que Calonge no estaba autorizada para hacer modificación alguna en las calificaciones, como sí hizo en 2014.
El juicio se reanuda el lunes tras un maratoniano viernes cuya nota de color ha estado en la ausencia de mascarillas a lo largo de todo el día de varios letrados, la fiscal y del presidente de la Sala, Luis Carlos Pellud, muy incisivo con todas las partes.
