Se trata de un organismo formado por expertos de primer nivel; sin embargo, Illa ha decidido apoyarse en los cargos internos de su departamento
Cuando Salvador Illa fue nombrado ministro de Sanidad del segundo gobierno de Pedro Sánchez, hace un año y trece días, muchos achacaron su designación a la necesidad de la famosa “cuota catalana” dentro del gabinete.
Desde luego, no es algo descartable si se considera el background del ahora candidato del PSC a las elecciones del 14 de febrero. Por un lado, Illa había sido alcalde de su pueblo, La Roca del Vallés, municipio de unos 10.000 habitantes, y, por otro, se había licenciado en Filosofía. Ninguno de esos dos elementos de su currículum parecían hablar en su favor a la hora de optar a la cartera de Sanidad.
Tampoco parecía importar mucho teniendo en cuenta las pocas competencias del ministerio al que Illa iba a ir destinado. Hasta que llegó la pandemia, claro.
Uno podría pensar que, al no tener experiencia en la materia, el ministro acudiría constantemente al criterio de los expertos. Sin embargo, en sus doce meses en el cargo, Illa no ha convocado ni una sola vez al consejo asesor de Sanidad. Hablamos de un órgano consultivo formado por eminencias médicas del que los ministros de Sanidad echan mano con frecuencia. Sin ir más lejos, la predecesora de Illa, María Luisa Carcedo, acudió a él a la hora de plantear su ley de la eutanasia, entre otros asuntos.
A pesar de esta realidad, el ministro Illa aseguró durante meses que su departamento estaba siendo asesorado por un “comité de expertos”, particularmente en el proceso de desescalada de las comunidades autónomas. Sin embargo, tras meses de obstinado silencio y solo después de que se lo requiriese el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Ejecutivo se vio obligado a divulgar que ese comité no estaba conformado por expertos independientes, sino por cargos de la Dirección General de Salud Pública y del organismo que dirige Fernando Simón, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.