Esta decisión se adopta después de que se hayan rechazado unas 60.000 solicitudes por incumplir la acreditación de la unidad de convivencia por vivir en hogares colectivos
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una flexibilización de las condiciones de acceso al ingreso mínimo vital (IMV) que facilitará que temporeros, personas sin hogar, que residan temporalmente con familiares o en albergues puedan acceder a la prestación. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una decisión que se adopta después de que se hayan rechazado unas 60.000 solicitudes por incumplir la acreditación de la unidad de convivencia.
La flexibilización del concepto de unidad de convivencia pasa, en primer lugar, por permitir el acceso a la prestación a personas que residen en hogares colectivos, como albergues o casas de acogida.
En segundo lugar, se regulan las situaciones de convivencia transitoria, es decir, casos en que «por ejemplo como resultado de un divorcio o un desahucio» los potenciales beneficiarios convivan con familiares en un hogar mayor, lo que con la anterior regulación podría llevar a la denegación de la prestación. De esta manera, de forma transitoria se considera una unidad de convivencia independiente a los beneficiarios en casos de violencia de género, divorcio o separación y desahucio o inhabitabilidad, en los dos últimos casos con límite temporal.
La tercera modificación afecta a situaciones excepcionales, como personas sin hogar, cuyo domicilio real sea distinto al de empadronamiento o viviendas en las que conviven distintas unidades familiares. En estos casos, ha explicado el ministro, estas circunstancias podrán ser acreditadas por los servicios sociales y las entidades colaboradoras.
El ingreso mínimo vital está «en una situación de evaluación permanente para intentar ir mejorando la prestación» de manera que llegue a los hogares «más vulnerables», ha explicado el ministro, y por ello se mantienen «reuniones continuas» con el tercer sector.
Además el Gobierno pone un nuevo complemento y sumará una cuantía fija de «casi 400 euros anuales» en la pensión del beneficiario por cada hijo y desde el primero, una medida con un coste de 700 millones de euros solo para este año. José Luis Escrivá ha recordado que hasta ahora este complemento, aprobado por el Gobierno del PP en 2016, era a partir del segundo hijo con un porcentaje adicional sobre la pensión que iba desde el 5% más por dos hijos, al 10% por tres y un 15 % por cuatro o más. «El cambio de que sea desde el primer hijo da acceso a este complemento a casi 30.000 mujeres más y elevará la pensión media en un 6% y la mínima en un 8% en el caso de haber tenido dos hijos», ha asegurado.
