El pleno del Congreso ha rechazado este martes una proposición de ley «integral» contra la okupación presentada por el PP en un agrio debate en el que PSOE y Unidas Podemos han acusado a los ‘populares’ de incentivar el miedo y la propaganda sin datos reales.
Tras fracasar hace meses las iniciativas de Vox y Ciudadanos, este martes le ha tocado al PP con una propuesta que ha sacado a relucir, una vez más, las posiciones antagónicas de varios grupos del hemiciclo que se han lanzado duros reproches, ya sea por «complicidad hacia los okupas» y «amparar los delitos» o por «proteger a los fondos buitre» y «agitar una campaña del miedo».
El PP ha arremetido contra el Gobierno ya ha sostenido que hasta la fecha «las únicas medidas de vivienda aprobadas son un ataque claro a la propiedad privada» que buscan «proteger a los okupas», de manera que ha reclamado a PSOE y Unidas Podemos que «no confundan» porque «desalojar a un okupa no es un desahucio, es recuperar un bien».
Su «ley integral» apuesta por un desalojo inmediato para que «en menos de 12 horas un okupa a la calle», por recuperar el delito de usurpación con penas de prisión, por prohibir a los ayuntamientos que empadronen a los que okupen un inmueble y, como principal novedad, por permitir a las comunidades de vecinos que puedan intervenir y denunciar en caso de que el propietario esté ausente.
Todo ello, según el PP, para «no convertir a nuestro país en un paraíso okupa», por lo que han pedido a los socialistas que se posicionen «si están con los que amparan el delito o con los que lo perseguimos», porque esta ley «la reclama toda la sociedad».
Pero este diagnóstico no lo defiende el PSOE, que cree que «el PP ha generado una alarma» basada en «mera propaganda que han creado artificialmente para tratar de desgastar al Gobierno pero que no se sustenta en ningún dato real».
De hecho, los socialistas han sacado pecho porque, en su opinión, «ya se han articulado instrumentos jurídicos necesarios para combatir la okupación ilegal», por eso han tachado la propuesta de «superflua e innecesaria» dado que el Ejecutivo ya «combate este delito con eficacia» y buscando «proteger a los propietarios».
Nada comparte Podemos de esta iniciativa que ve «insultante» y que ha tildado de «ley Colón», pero que ha abordado no desde la óptica de la okupación sino de la infravivienda, subrayando que esta norma persigue la «criminalización de la pobreza».
Por este discurso han apostado también otros partidos, como ERC, BNG y Compromís reprochando al PP que «magnifique» un problema que «no es prioritario» para los españoles por «un miserable puñado de votos» a cambio de «hacer de Robin Hood para los ricos. O, como ha dicho Bildu, a favor de «los grandes tenedores» se pretende «perseguir a quien busque un techo para poder dormir».
En el extremo contrario se ha posicionado Vox, que considera a los okupas como «delincuentes protegidos por este Gobierno».
Ciudadanos ha reconocido «la realidad social que sufren muchas familias» por la carestía de una vivienda subrayando que «la solución para la crisis de la vivienda no puede ser la okupación»; y el PNV que ha puesto el foco en la okupación pero también en las situaciones de especial vulnerabilidad, aunque han sido críticos con la reforma del PP.
