El diputado del PP Antonio Bermúdez de Castro ha admitido que el objetivo garantista del voto rogado «ha tenido un efecto no querido por el legislador»
Todos los partidos políticos han apoyado reformar la Ley Electoral y derogar el voto rogado para los españoles residentes en el extranjero con el fin de agilizar el trámite, permitir que las papeletas lleguen a tiempo.
A falta de la votación, el Pleno del Congreso ha dado luz verde a tramitar la proposición de Ley del PSOE y de Unidas Podemos que insta a implementar un sistema de descarga telemática de las papeletas y amplía el plazo para la apertura de los votos emitidos desde el extranjero de tres a cinco días para que el recuento de las papeletas pueda hacerse mejor.
Desde los grupos proponentes de la reforma, la socialista Pilar Cancela ha reconocido que el voto rogado «no solo ha impedido el derecho al sufragio activo» sino que ha instalado la sensación de que los residentes en el exterior «han sido castigados».
Por eso, ha aprovechado su intervención en la tribuna para pedirles perdón, por haberles tratado como «ciudadanos de segunda» y haber «atenazado» su derecho a participar en las elecciones.
Con la reforma de 2011, pactada entre el PSOE y el PP, se intentó acabar con la sospecha de irregularidades en la emisión y el recuento de votos, pero se pasó de una participación del 30 por ciento del censo del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a poco más del 5 por ciento en las últimas convocatorias electorales.
También como impulsor de esta nueva reforma, la diputada de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha insistido en que ésta redundará en la mejora de la participación democrática y ha aprovechado para cuestionar el funcionamiento de la democracia en España, como han venido haciendo en los últimos días varios dirigentes de la formación morada, con Pablo Iglesias a la cabeza.
El diputado del PP Antonio Bermúdez de Castro ha admitido que el objetivo garantista del voto rogado «ha tenido un efecto no querido por el legislador» al descender drásticamente la participación electoral y por eso se ha mostrado a favor de esta reforma.
Reforma que además de suprimir el voto rogado debe incluir -ha subrayado el representante popular- garantías de identificación en el voto por correo y la generalización del voto en urna.
El diputado de Vox Carlos José Zambrano que también ha apoyado esta iniciativa ha lamentado que la reforma de la ley electoral de hace diez años fuera un «auténtico fracaso» que hizo imposible ejercer el voto a miles de españoles y produjera un agravio comparativo con los residentes en España.
Por parte de Cs, Miguel Gutiérrez además de insistir en que esta reforma «lleva dos legislaturas de retraso», ha avisado de que en el procedimiento de enmiendas defenderán un cambio más ambicioso, que incluya listas abiertas, la reforma del Senado o que todos los votos valgan igual.
Mientras Marta Rosique, de ERC, ha denunciado que la democracia para los residentes en el exterior «es casi inexistente» y por eso ha urgido a suprimir el voto rogado, Mariona Illamola, de JxCat, ha avisado de que su eliminación «no será la solución que incremente de manera exponencial la participación» y por eso ha pedido adoptar un sistema de voto electrónico.
El diputado del PNV Mikel Legarda ha afeado que la propuesta se presente sin consenso pero ha justificado el voto favorable de su formación porque el sistema electoral «es la acción que articula la pluralidad de las ideas políticas».
Por su parte la diputada de CC Ana Oramas ha apoyado también la proposición de Ley aunque ha señalado que «llega tarde» mientras que el diputado de la Cup Albert Boltrán ha recordado que en las últimas elecciones autonómicas de Cataluña hubo una participación del 4,5% de electores en el extranjero y se quedaron fuera más del 96% de los inscritos, lo que «demuestra que el sistema es desincentivador».
Desde EH Bildu, Jon Iñarritu también ha criticado que esta norma no se haya corregido antes y en el mismo sentido se ha pronunciado Joan Baldoví de Compromís, mientras que Néstor Rego, de BNG, ha incidido en la necesidad de esta reforma porque Galicia tiene al menos medio millón de personas en el CERA.
La proposición de Ley, no obstante, mantendría el sistema de identificación de los votantes introducido en la reforma de 2011 que hace obligatorio incluir en el sobre dirigido a la Junta Electoral una fotocopia del pasaporte o del Documento Nacional de Identidad o la inscripción en el Registro de Matrícula Consular expedida por la Oficina Consular de Carrera o la Sección Consular de la Misión Diplomática de España en el país de residencia.
