La Fiscalía le acusa de haber dirigido a la multitud que atacó la subdelegación del Gobierno en Lérida, que se saldó con 4 mossos heridos
Una nueva causa judicial se cierne sobre el rapero Pablo Hasél. Después de haber sido condenado por enaltecimiento del terrorismo, obstrucción a la justicia y amenazas a un testigo, la Fiscalía lo acusa de participar en los disturbios del 25 de marzo de 2018 en la subdelegación del Gobierno en Lérida.
El Ministerio Público pide para el rapero 5 años y 3 meses de cárcel después de que durante aquellos altercados, con motivo de la detención de Carles Puigdemont en Alemania, cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra acabasen heridos. Además, varios vehículos del cuerpo sufrieron daños.
En su escrito, el fiscal acusa a Hasél y al resto de investigados de haber soliviantado a la multitud y haberla dirigido contra los agentes que guardaban el edificio. Su intención, según la Fiscalía, era acceder al mismo tras desbaratar el operativo policial. Los delitos de los que se acusa al rapero son desórdenes públicos, atentado a la autoridad, lesiones y daños.
La descripción del fiscal es de lo más gráfica: «Durante el transcurso de la acción, todos los acusados, con evidente intención de alterar la paz pública, acorralaron a los agentes por medio de patadas y empujones que propinaban ayudándose del anonimato que ofrece la masa de gente que allí se congregaba, provocando que los agentes fueran retirando poco a poco hasta el umbral de la puerta de entrada del edificio de la Subdelegación del Gobierno».
