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La presidenta de Baleares expropia 56 viviendas a grandes propietarios para destinarlas a alquileres sociales

La presidenta de Baleares expropia 56 viviendas a grandes propietarios para destinarlas a alquileres sociales

Las viviendas serán gestionadas los próximo siete años por el Gobierno balear, que abonará a los dueños una compensación en un único pago por adelantado, inferior a los precios de referencia

El Gobierno balear de la socialista Francina Armengol ha iniciado la expropiación de 56 viviendas vacías a sus propietarios, con un coste total de 1,8 millones de euros, para destinarlas durante los próximos siete años a alquileres sociales. Este precio supone una rebaja del 40% respecto a los precios de mercado en Baleares, con una media de 391 euros mensuales por vivienda.

Según la Consejería balear de Vivienda, «se trata de una medida pionera en España, fruto de la Ley 5/2018 de 19 de junio, que permite al Gobierno insular hacerse con las viviendas que desde hace meses ha ido inscribiendo en un registro de grandes tenedores». En los próximos días la resolución se publicará en el BOIB, se notificará a los grandes tenedores la expropiación de uso, y se abrirá un plazo para la presentación de alegaciones. La medida tiene el fin de poner en circulación parque de vivienda «donde hay necesidad objetiva», explica la Consejería.

Se consideran viviendas vacías las que llevan más de dos años en desuso sin causa que lo justifique, y son propiedad de personas físicas o jurídicas dedicadas al sector inmobiliario que sean titulares de diez o más inmuebles. Se trata de 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza, todas ellas en manos de bancos y sociedades inmobiliarias. Una vez se finalicen los trámites, se ofrecerán como alquiler social a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), con rentas que no superen el 30% de los ingresos de las familias.

El registro de viviendas vacías llegó a contar con 1.400 inmuebles, de los que ahora apenas quedan 700, después de que los propietarios sacaran muchas al mercado en previsión de que el Gobierno balear pudiera expropiarlas.

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