Montero aún no ha conseguido aprobar ninguna de sus leyes estrella, tras un año al frente del Ministerio protagonizado por las disputas en el Gobierno de coalición
Nada más llegar al poder, el Gobierno de coalición aseguró que el feminismo sería uno de los pilares de su mandato, sin embargo, las insalvables diferencias entre PSOE y Unidas Podemos, entre otras dificultades, han impedido llevar a cabo las promesas de Irene Montero en sus planes legislativos del Ministerio de Igualdad, que aún no ha conseguido aprobar ninguna de sus leyes estrella.
La ministra Montero se fijó una amplia agenda que incluía desde modificar el Código Penal, para acabar con la distinción entre abuso y violación y exigir el consentimiento expreso en la tipificación de los delitos sexuales, hasta reformar la ley del aborto, entre otras iniciativas como la de impulsar una ley trans y otra contra la discriminación del colectivo LGTBI.
Sin embargo, algo más de un año después de la formación del Gobierno, en el segundo 8M de Montero como ministra, el saldo de los avances legislativos feministas decae por momentos.
El tortuoso camino de la ley del solo sí es sí
Un año después de su aprobación en el Consejo de Ministros, al anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del «solo sí es sí», aún le queda un largo camino hasta su aprobación.
El anteproyecto de ley ha estado rodeado de polémica desde que el Ministerio de Igualdad comenzó a gestarlo y ha sufrido varios traspiés.
Ya antes de llegar al Consejo de Ministros, el 3 de marzo de 2020, se hicieron públicos los choques de los ministerios de Justicia e Igualdad y meses después el anteproyecto fue de nuevo modificado y ampliado -sobre todo para perseguir el proxenetismo-, con lo que se tardó en enviarlo a los órganos consultivos.
Si bien el Consejo Fiscal avalaba el texto con algunas sugerencias de mejora, el Consejo General del Poder Judicial se mostraba la pasada semana contrario a los puntos claves de la norma y lo hacía con una contundente unanimidad.
Por el momento, desde Igualdad no aclaran si se incluirán cambios para atender las recomendaciones del CGPJ. Montero ha asegurado que «será ley», aunque ha visto frustrados sus planes de aprobar el proyecto en el Consejo de Ministros cerca del 8 de marzo para que inicie su tramitación parlamentaria.
Máximo desacuerdo en torno a la ley trans
Gran parte de los esfuerzos del Ministerio de Igualdad se han invertido en la elaboración de los borradores de las leyes trans y de igualdad LGTBI.
El texto de la primera, que incluye la despatologización de la transexualidad y la autodeterminación de género desde los 16 años -el cambio de sexo registral sin necesidad de informe médico ni tratamiento previo– ha desatado un nuevo desencuentro entre PSOE y Unidas Podemos, en concreto entre el equipo de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el de la ministra Montero.
La titular de Igualdad quería que el Consejo de Ministros aprobara los anteproyectos en la primera quincena de febrero, pero las reservas de Calvo en torno a la «seguridad jurídica» del texto y la autodeterminación del género han hecho encallar las negociaciones en el seno del gabinete. A su vez, que el PSOE haya registrado en soledad una ley de igualdad de trato, que ha enrarecido aún más el ambiente.
Entre Calvo y Montero existen claras diferencias en la concepción del feminismo: El PSOE considera que el sujeto político de la lucha es la mujer y su único objetivo, acabar con la desigualdad y la violencia, y en Unidas Podemos se decantan por una corriente, a grandes rasgos, que luche contra la discriminación LGTBI o el racismo.
Estas diferencias han calado también en el movimiento feminista, en el que se han visto posturas abiertamente enfrentadas, ya que diversos colectivos alertan de que la ley trans supondría negar la existencia del sexo biológico y, con ello, la de las desigualdades que sufren las mujeres por el hecho de serlo.
