La diputada de VOX, Macarena Olona, ha definido la ley como «sectaria y excluyente»
El grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha registrado este jueves en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley de Educación aprobada a finales del año pasado, conocida como ley Celaá, por considerar que es «sectaria y excluyente».
Así ha definido la ley la diputada de Vox Macarena Olona, quien a las puertas del Tribunal Constitucional ha explicado que piden la nulidad íntegra por defectos de tramitación o bien la subsidiaria nulidad parcial de varios apartados, entre ellos los referidos a la educación concertada, la educación especial y la lengua castellana.
Respecto a la «ausencia de garantías democráticas» durante su tramitación, Olona ha indicado que faltaron informes consultivos del Consejo de Estado y el Consejo Escolar.
Si esa nulidad íntegra fuese desestimada, Vox pide que se supriman los artículos sobre la educación concertada por, a su juicio, suprimir el criterio de demanda social en la programación de plazas financiadas con dinero público.
La nulidad del apartado sobre educación especial es solicitada por fijar un plazo de diez años para suprimir progresivamente los centros concertados especializados en la atención al alumnado, ha señalado Olona, quien además ha opinado que la opción pedagógica de la educación diferenciada por sexos sí es constitucional, por lo que no puede tener diferenciación en la financiación pública.
El recurso también atañe a la asignatura de religión, que «se suprime» porque «se impone la ideología de género y la educación afectiva-sexual como principios de todo el sistema educativo».
La diputada Georgina Trías ha agregado que esa «imposición» de la educación afectivo-sexual se hace «bajo el eufemismo de la educación para la salud» para «informar» a los escolares «desde los seis años» de «prácticas eróticas».
La exclusión del castellano como lengua vehicular es objeto también del recurso de Vox, y, según Olona, eso le diferencia del recurso del PP contra la misma ley, pues ese partido tiene «baronías» que le impedían ir contra ese aspecto, «especialmente en Galicia».
Vox pide al Constitucional también que se pronuncie sobre «el suelo de competencias básicas del Estado», por la «inhibición» que aprecian en la ley Celaá.
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha indicado que es el decimocuarto recurso ante el Constitucional presentado por su partido -que tiene esta potestad al superar la séptima parte del Congreso en esta legislatura- y ha lamentado «la inoperancia y el silencio cómplice y arbitrario» de ese Tribunal, por sus decisiones sobre recursos anteriores, entre ellos los referidos al estado de alarma.
«Este Tribunal está al servicio de intereses políticos y no vela por la Constitución», ha añadido Ortega Smith, quien cree que está resultando ser «el órgano de amparo de los políticos en sus políticas contrarias a la propia Constitución».
