El Consejo de Estado pide al Gobierno reformar la ley de Medidas Especiales de Salud Pública como alternativa al estado de alarma

El órgano consultivo hace su recomendación en el dictamen sobre el recurso del Ejecutivo contra la nueva Ley de Salud de Galicia

El Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno, recomienda al Ejecutivo la reforma de la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública como la vía adecuada para dotar a las Comunidades Autónomas de instrumentos jurídicos suficientes para, en caso necesario, poder limitar derechos y libertades y hacer así frente a situaciones de pandemia, sin necesidad de tener que recurrir a la declaración del estado de alarma.

«Con independencia de la procedencia de la interposición de recurso de inconstitucionalidad en los términos señalados, el análisis de la cuestión debatida permite al Consejo de Estado sugerir que el contenido de la Ley Orgánica 3/1986 podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción, en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública».

Con este párrafo, incluido al final del dictamen, el Consejo de Estado viene a dar la razón a las fuerzas parlamentarias -PP, Ciudadanos y ERC, principalmente- que han defendido a lo largo de la pandemia la posibilidad de utilizar leyes orgánicas y ordinarias referentes a la salud, convenientemente revisadas, para dotar a las autonomías de herramientas que les permitan establecer medidas restrictivas de la movilidad sin que para ello sea necesario activar la excepción constitucional del estado de alarma.

En un dictamen emitido por unanimidad el pasado 22 de marzo y remitido a la vicepresidenta Carmen Calvo, la Comisión Permanente de este órgano pide al Gobierno que reforme la Ley Orgánica de Salud Pública para «proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública».