Secretos, seguridad y otras cosas del confiar

El emboscado

Partamos de un hecho que es incontestable, aunque tiene rasgos de Axiomáticos: la sociedad Española no confía en sus Políticos, ni confía en su Gobierno al cual gran parte de la ciudadanía no diferencia del Estado.

Aviso a Navegantes. La desconfianza en las instituciones y sus representantes electos se extiende como una mancha de aceite por todas partes y todos continentes. La diferencia que si bien eso está ocurriendo de forma ya preocupante en todo el mundo, mientras que en Europa había una inercia de confiar en las instituciones democráticas de su país, algo que no niego está cambiando y lo que antes era propio de gente “marginal”, ahora el pensamiento de outsiders se extiende a otras capas sociales; en España la desconfianza hacia lo institucional, hacia el Estado, es secular y en ocasiones irracional, sea por falta de claridad pedagógica por parte del Estado y la Administración, sea por falta de interés o recibir verdadera información sobre cómo es el sistema, sea porque el Cainismo hace que todo sea visto con inquina y deseo de eliminación.

Es muy sorprendente que uno de los países que está mejor considerado mundialmente en cuanto a entrega, fidelidad y transparencia institucional, obediencia de las leyes, solidaridad y “calidez en la incorporación de lo diferente”; sea visto por los propios habitantes de este como “un país de chiste, picaros y gente vaga y aprovechada”. Sí, a España se la valora mucho más fuera, de lo que la valoramos nosotros mismos. Ya sea en cooperación civil o militar en desastres y pacificaciones, en dar un paso al frente ante problemas e incluso en la creación artística o científica, en intermediación cultural o diplomática… en todos los campos reconocen que es un milagro lograr ciertos resultados con paupérrimas dotaciones, alaban la capacidad de “creatividad y empatía para lograr consenso” y sobre todo se sorprenden de que sea así con el “rechazo Cerval” de lo propio que tenemos. No teman, esta vez no voy a hablar de aquellos “vende/salva patrias” que trabajan a sueldo de intereses extranjeros consciente o inconscientemente a cambio de medro, prestigio o dinero y puestos. Además, pienso, que en un gran porcentaje es consciente, voluntario y buscado.

Preparando esta semana los temas a poner en la palestra, me ha llegado a la mesa la cuadragésima propuesta de modificación de la ley de secretos oficiales y por tanto la desclasificación de “documentos institucionales” que impliquen a la administración y a sus actuaciones. La Ley de Secretos Oficiales ciertamente es muy antigua y es demasiado constrictiva en cuanto al acceso a la información que las Administraciones, el Gobierno de Turno y las Instancias del Estado “producen” en el ejercicio de sus funciones.

Créanme si les digo que, conociendo un poco el funcionamiento de cualquier administración, el 90% de esa documentación sólo interesa a historiadores y a diferentes investigadores para sus artículos y tesis doctorales. La ley 9/1968 de 5 de Abril establece qué información y documentos no son de dominio público (aunque la ley de transparencia si facilita muchísima información para que la ciudadanía controle al Estado y su gestor, que no es otro que el Gobierno de turno) por que afectan a los intereses del Estado o comprometen a la seguridad nacional, en virtud de acciones, acuerdos e informaciones que implican/comprometen acuerdos o convenio con terceros países o que pertenecen al apartado vulgarmente conocidos como “secretos de estado”. La reforma que se hizo en la ley 48/1978 de 7 de octubre en el que se reiteraba la clasificación de ciertas informaciones y documentos como “Materia Reservada”, hacia una modificación para incorporar el control de esta información por parte del Parlamento bajo la “Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de Diputados y del Senado”. Pero lo que sí está claro es que nadie que en Democracia ha modificado esa ley, ni de un color, ni de otro, ni de varios colores unidos… algo hay por tanto cuando menos peculiar en nuestra actividad “burocrática”.

Volveremos sobre este punto en seguida, pero debo hacer una advertencia, la desclasificación basada sólo en el tiempo transcurrido desde su clasificación como documento, es todo menos sensata, puesto que existen acuerdos bilaterales o convenios entre países que exceden ese tiempo y que “comprometen partes del Gran Juego político” a nivel internacional. El que lo vea como oscurantismo o falta de democracia, es que sencillamente no sabe de lo que habla, ni de cómo funciona el Mundo.  

Así como desclasificar analizando la temática del documento uno a uno para ver sus implicaciones y sus derivas en geopolítica y geoeconomía es igualmente complejo y muy arduo. Y quien no lo entienda es que no ha realizado una investigación nunca o se ha enfrentado a “montañas de papeles” para hacer una tesis doctoral, por ejemplo, y no sabe lo que es trabajar con documentos (si no están digitalizados esta labor ya es propia de un nivel de paciencia que ni el Santo Job tendría).

Regresemos al centro del problema. ¿Qué es Materia Clasificada, qué niveles de clasificación existen, a qué afectan, quien los maneja y qué contienen? Lo primero es decir que todo documento administrativo que un funcionario maneja en virtud de ser información sobre la ciudadanía o circunstancias internas de la aplicación de la ley tiene que ser tratado “con el deber de reserva y custodia” por parte del funcionario. Por ejemplo, las actas, notas y exámenes de quien estudia en una universidad, o las declaraciones de hacienda o las multas de la agencia tributaria… y eso, a no ser famoso implicado, a nadie le interesa “un pito”, pero eso es la mayor parte de lo que las administraciones fabrican.

Las Materias Clasificadas que afectan a la seguridad y defensa del Estado son las que levantan “más morbo y curiosidad”. Y se dividen en: Secreto, Reservado y Reservado Interno (Confidencial, Difusión Limitada); y su tratamiento y desclasificación dependen del consejo de Ministros y la Junta de Jefes de Estado Mayor del Ejército, que reunidos y tras informes preceptivos de los departamentos correspondientes deciden desclasificar o no el citado documento, informe, o lo que sea menester. Así lo dice la ley y así por tanto es el proceso de desclasificación. Si no gusta cámbiese.

No creo que el Estado piense que la ciudadanía no está preparada; si bien es cierto es que nuestra Democracia es bastante joven y que lo hecho durante la conformación, creación, consolidación y comportamiento de esta puede “sacar los colores” a muchos si se supiesen en que condiciones se hicieron ciertas cosas o se llegaron a acuerdos con otros países cuando menos en los que “extorsionaba suavemente” una parte a otra. Así es la política y así son las relaciones internacionales. En verdad lo que a los periodistas les preocupa, es el morbo o saber si existen “papeles del 23F, del 11M, de gastos excesivos de políticos o jefes del Estado”, pero dudo mucho que les importe por ejemplo, el tema de candente actualidad sobre la descolonización del Sahara, o la descolonización de Guinea Ecuatorial, o los intercambios de “cromos” entre países para proteger sus intereses económicos, o los acuerdos con los aliados de la OTAN para unir posturas y crear alianzas frente a peligros comunes.. etc.

No digo que la prensa sea amarillista, ni digo que a la ciudadanía no le interesaran estas cosas. Pero si afirmo, sin temor al error o al equivoco, que a gran parte de la ciudadanía no se les da nociones, conceptos o formación mínima en materias de seguridad, relaciones internacionales, inteligencia económica, implicaciones políticas/económicas, o las derivas de defender nuestros intereses en otras regiones del mundo, o los procesos de influencia (dicese apoyo) a unos u otros en otros países para beneficio propio. Esto es lo que se trata en estos documentos. Pero es de cajón de madera de Pino que no se van a “abrir los archivos sin tasa ni control”, precisamente porque la ciudadanía no confía que el Estado y los Políticos hubiesen actuado de forma “legal y democrática”. Este punto es el nudo gordiano. La desconfianza mutua, basada en falta de cultura de seguridad por un lado y en el temor de cómo se les juzgará de otro lado.

Pero atención, también, y seguro que los hay, existirán documentos que prueban la connivencia de políticos, empresarios, funcionarios que están a sueldo de intereses y Lobbies extranjeros. Y por supuesto periodistas que “escriben al dictado de ciertos intereses” de forma descarada a cambio de becas, conferencias, puestos, medallas o simplemente dinero. Con lo que si abrimos la puerta, que sea para todo, y quizá la marea tumbe a propios y extraños fundamentando más todavía la separación entre Estado y Ciudadanía. No diré que no es obvio que en esta simbiosis parasitaria ambas partes obtienen beneficios. De vez en cuando les toca pegar unos gritos para que parezca que en verdad les interesa, pero al poco tiempo… volvemos a las conspiraciones y a la vida de folclóricas, habitantes encerrados en casas o de vacaciones extremas en lugares inhóspitos.

Dejemos la hipocresía y veamos que en otros países con mayor y más larga tradición democrática se desclasifican muchos documentos, algunos interesantes para conocer los entresijos del poder y la historia, pero los delicados de verdad, los que “abrirían los ojos” hasta el infinito de cómo han actuado manejando desde hace décadas a otros países menos “fuertes”, esos, no se desclasifican nunca. Ni aquí, ni en Pernambuco. Que se hagan comisiones interministeriales para hacer una ley más sensata, seguro; que salga un documento que ayude a aclarar cosas y comprenda el devenir de las relaciones internacionales, ojalá; pero documentos que afecten a lo que se considera (independientemente del color y la época) la seguridad y defensa del estado y nuestros intereses económicos como nación… me temo que NO.

Cambiar el camino es fácil, trazar puentes de confianza mutua, dejar el Cainismo de un lado, formar e informar a la ciudadanía en estos temas para hacerla permeable, formar a los políticos para que tengan menos miedo de sus electores y de decir la verdad; y si en realidad alguien cree que debe saber algo o debe ser investigado algo que solicite en el tribunal una aportación de pruebas “in camera” y que la Judicatura decida. Por tanto, dejemos de ver sombras y pegarnos “tiros en el pie” ya que ninguno de esos papeles me dará Pan para mis hijos y a veces de puristas nos pasamos de frenada y les hacemos el juego a otros. Tiempo habrá de ajustar cuentas con la historia.