El Tribunal de Cuentas cita a Mas, Puigdemont y Junqueras por el dinero utilizado para difundir el 'procés' en el extranjero

Ninguno de ellos tiene la obligación de estar presencialmente, sino que pueden declarar a través de sus abogados

El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 29 de junio a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, así como a otros dirigentes del Gobierno catalán, entre ellos el exvicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras, para comunicarles la cuantía que considera que presuntamente se desvió para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

El órgano fiscalizador ha dictado una providencia para citar a los presuntos responsables contables para la práctica de la liquidación provisional donde se comunicará la fianza que se impondrá para responder a una posible condena, que se sumará a los 4,1 millones de euros que ya calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

De este modo, el Tribunal de Cuentas, una vez que ha concluido la instrucción sobre el presunto desvío de dinero para la acción exterior catalana, ha citado a los expresidentes de la Generalidad Artur Mas y Carles Puigdemont; a los exconsejeros de Presidencia Francesc Homs, Neus Munté y Jordi Turrull; los exconsejeros de Economía Andreu Mas y Oriol Junqueras; y al exconsejero de Asuntos Exteriores y Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia (DAERIT), Raül Romeva.

También a los que fueran secretarios generales Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Luis Bertrán, Albert Carreras de Odriozola, David Mascort Subirana, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Pau Villoria; a las interventoras Generales de la Generalidad, María Vidal Ortí y Rosa Vidal Planella; y a los interventores delegados, Jordi Serra Catalán, Javier Acín Biota, Virginia Astigarraga Pallarés y Francesc Cubel Creus.

Completan la lista de la treintena de presuntos responsables contables, el secretario general del Diplocat, Alberto Royo, y los delegados de la Generalitat de Cataluña en Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y ante la Unión Europea.

Ninguno de ellos tiene la obligación de comparecer personalmente en la sede del Tribunal de Cuentas, sino que pueden estar representados por sus abogados, a los que se les informará del detalle de la reclamación de las cantidades presuntamente desviadas.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha convocado también a los representantes legales de la Generalitat de Cataluña, del Diplocat, de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana, a la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas y al Ministerio Fiscal.

Informe fiscalizador

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 28 de marzo de 2019 un «informe de fiscalización relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017», a instancia de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Dicho informe revela que se detectaron gastos no justificados, subvenciones ‘a dedo’ y contratos fraccionados para eludir controles. El fiscalizador concluyó que buena parte de esos fondos públicos se usaron para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.

El Tribunal Cuentas ya advirtió que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto (416 millones en acción exterior entre 2011 y 2017), ya que las llamadas ‘embajadas’ gozaban de autonomía financiera y carecían de control, y todo ello derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por tanto sus funciones.

De hecho, aseguró no disponer de documentación justificativa de gastos de las ‘embajadas’ por un importe de 302.794 euros, sobre todo del Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Croacia y Polonia, y detectó pagos de 171.613 euros que resultan injustificados (gastos privados, pagos a personas ajenas a las delegaciones, etc).

Acumulación a los gastos del 1-O

Los dictámenes emitidos por la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal respecto a este informe fiscalizador dieron lugar a la apertura de diligencias preliminares, que finalmente se acumularon a las ya abiertas por los gastos destinados al 1-O.

El Tribunal de Cuentas dio a conocer el 28 de enero el acta de liquidación provisional por los gastos y pagos del referéndum en el que se declaró un presunto alcance por importe total de 4.146.274,97 euros, de los que 3.903.294,86 euros corresponden al coste de la votación ilegal y 242.980,11 euros a los intereses provisionalmente calculados desde los hechos hasta el acta de liquidación provisional. El total de esta fianza ya ha sido depositada.