La Fiscalía de Madrid ha recurrido el archivo de la causa del cartel de Vox sobre menores extranjeros no acompañados al considerar que sus «imágenes, símbolos y elementos comparativos» tienen como finalidad «generar el rechazo y, por tanto, la exclusión social de todo un grupo».
En contexto: el Ministerio Público había presentado un recurso de apelación contra la decisión de la juez de instrucción número 53 de Madrid de decretar el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa al no apreciar indicios de que los hechos denunciados constituyan un delito de odio, y considerar que Vox ha ejercido su derecho a la libertad de expresión en el marco de la campaña electoral en Madrid.
Se trata de un argumento que la Fiscalía rechaza en su escrito al considerar que una cosa es la «amplia» libertad de expresión permitida en el marco del discurso político y «otra muy distinta, la realización de actos no puntuales que provoquen una reacción negativa, injusta por discriminatoria y provocadora del rechazo a un colectivo concreto».
Situación que ocurre con los mensajes que difunde el cartel de Vox denunciado -por el fiscal y el PSOE- contra los menores que migran solos, subraya el escrito, que recrimina el uso «irresponsable» de imágenes, símbolos y elementos comparativos que se transmiten en esa propaganda electoral de la que subyace la idea de dar una respuesta social «negativa» hacia un colectivo doblemente vulnerable.
El cartel, que se exhibe en instalaciones de Cercanías Renfe de Madrid, muestra en un lado una anciana y en el otro a un joven inmigrante de piel oscura embozado y encapuchado, con el texto «Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes. Protege Madrid, vota seguro».
El fiscal insiste en que al enfrentar el coste que supone mantener a uno de esos chicos con la imagen de una pensionista, se cuestiona «su carácter ético y legal», además de trasladar una imagen «totalmente prejuiciosa» de un menor extranjero no acompañado como delincuente.
Descarta además que esta imagen responda «al azar o a la mera casualidad» ya que, a su juicio, evidencia «la búsqueda de la respuesta social negativa hacia este colectivo cuyos centros se pretenden cerrar, so pretexto del carácter delincuencial generalizado de estos menores, que afirman imposibilitar la convivencia normalizada en las zonas en las que se encuentran, lográndose así su deshumanización individual y colectiva».
Para la Fiscalía, la caracterización que hace Vox en el cartel de estos jóvenes constituye una «estigmatización negativa, intolerante y prejuiciosa» hacia todo el grupo que genera hostilidad y rechazo social hacia ellos, además de un ataque a la dignidad de todo el colectivo.
