La Fiscalía pide una condena de 9 años de prisión para Pujol y entre 8 y 29 años para sus hijos

Entre ellos no está la mujer del expresidente, Marta Ferrusola, a quien al juez ha sacado este viernes del caso en atención a la demencia que sufre

La Fiscalía ha pedido una condena de 9 años de cárcel para el expresidente de la Generalidad Jordi Pujol por los delitos de asociación ilícita y blanqueo, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama al primogénito de la familia, Jordi Pujol Perrusola.

Entre ellos no está la mujer del expresidente, Marta Ferrusola, a quien al juez ha sacado este viernes del caso en atención a la demencia que sufre.

De esta forma, poco más de ocho años y medio después de que se iniciase la investigación, la Fiscalía ya ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el que pide penas de cárcel para Pujol y sus siete hijos; pero también para la exmujer de Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, a quien reclama una condena de 17 años; y para diez empresarios, para los que solicita 5 años a cada uno, según ha informado la Fiscalía General del Estado.

A los integrantes de la familia Pujol les acusa, según el caso, de delitos como asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.

Jordi Pujol Ferrusola, hijo primogénito de la familia y que estuvo en prisión provisional por estos hechos, es para quien más pena de prisión reclama (29 años), seguido de Josep (14 años), y del resto de hermanos, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta, para quienes reclama 8 años.

Peticiones de prisión que se suman a las multas millonarias a las que la Fiscalía quiere que sean condenados y que, por ejemplo, en el caso de Pujol Ferrusola ascenderían a más de 6 millones de euros sólo por los cinco delitos fiscales por los que le acusa.

La Fiscalía describe en su escrito cómo todos los miembros de la familia actuaron conjuntamente para ocultar, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, «producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana».

Quien fuese presidente de la Generalidad catalana durante veintitrés años (1980-2003), explica Anticorrupción, acordó con su mujer, Marta Ferrusola, que el dinero procedente de la actividad ilícita ejecutada se distribuyese en cuentas abiertas a nombre de ésta y de sus siete hijos en la Banca Reig, que luego se fusionaría con Banc Agrícola dando lugar al Andbank.

Acordaron también que fuese el hijo mayor, Jordi, el encargado de gestionar esos fondos y que se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia.

Lo que hizo el expresidente, a juicio de la Fiscalía, es aprovechar «su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual» él y determinados empresarios afines al partido que lideraba, la ya extinta Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), «se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC».

Después, el patrimonio que ganaba «ilícitamente» se ocultaba a Hacienda y afloraba más tarde «mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años».

Unos, Pujol y su mujer, dice la Fiscalía, lo hicieron «dirigiendo» esas operaciones de «ocultación y afloramiento»; otros, los hermanos Jordi y Josep y la exmujer del primero, Mercé Gironés, «gestionando los beneficios de la actividad», mientras que el resto de hermanos se beneficiaron «directa y conscientemente» de todo ello, «coadyuvando a su ocultación».

Entre las mecánicas que utilizaron, la Fiscalía destaca la creación de numerosas sociedades en paraísos fiscales, cuentas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo, que permitieron a la familia repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra.