Las autonomías critican al Gobierno por la falta de un plan alternativo al estado de alarma

Los gobiernos de Castilla-La Mancha y Castilla y León piden «dimisiones» si la incidencia vuelve a subir por el fin del paraguas jurídico

Muchos ciudadanos celebraron este domingo el fin del estado de alarma en España y, con él, la terminación de limitaciones de movilidad como el toque de queda, los cierres perimetrales o la restricción de aforos en domicilios.

Sin embargo, las autoridades, en particular las autonomías, asisten con preocupación al levantamiento de estas medidas al considerar que no cuentan con los instrumentos jurídicos suficientes para afrontar la pandemia a partir de ahora.

Las críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez por haber dejado que el estado de alarma decaiga han venido incluso desde su propio partido. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, dijo este domingo que «ojalá, a partir de la supresión del estado de alarma, no haya una ola nueva o una ola importante en España».

En caso de que la hubiera, advirtió Page, «políticamente a algunos les puede suponer un adiós. Porque realmente sabemos que toda decisión o toda gestión que hagan las Administraciones Públicas comportan una responsabilidad».

«Hoy los cambios son hacia adelante y solo el esfuerzo y la responsabilidad de todos puede terminar haciendo que estos pasos hacia adelante no signifiquen una marcha atrás», señaló Page animando al compromiso de la ciudadanía.

Desde Castilla y León, gobernada en coalición por PP y Ciudadanos, la referencia a las dimisiones es todavía más explícita. El vicepresidente de Junta, Francisco Igea, amenazó con que, si el Ejecutivo opta en algún momento por reinstaurar el estado de alarma, «el Gobierno debería dimitir».

También se han sumado a las críticas los presidentes de Galicia y de la Región de Murcia, los populares Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras. El primero criticó la reforma exprés aprobada por el Gobierno mediante decreto para que las autonomías puedan recurrir al Tribunal Supremo en caso de que los tribunales superiores de justicia de las comunidades tumben las medidas restrictivas: «Vamos a convertir al Supremo en un juzgado de guardia», señaló el presidente gallego.

Por su parte, López Miras cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que «no ha hecho absolutamente nada en siete meses» para diseñar un marco jurídico alternativo.

En parecidos términos se ha expresado el presidente de Andalucía, el también popular Juanma Moreno Bonilla, que ha catalogado el estado de alarma como «un instrumento que ha sido muy útil» durante la pandemia y ha denunciado la «alarmante improvisación e irresponsabilidad por parte del Gobierno de España». «Creo que el Gobierno ha tenido meses suficientes para buscar una alternativa jurídica y normativa», ha afirmado Moreno.

Otras regiones han expresado esta oposición al decaimiento del estado de alarma no con palabras, sino por la vía de los hechos. Se trata de aquellas que han prolongado —o han tratado de hacerlo— las restricciones que han estado vigentes estos meses bajo este paraguas legal que recoge el artículo 116 de la Constitución.

Es el caso de Baleares, la Comunidad Valenciana o Navarra, que han mantenido el toque de queda y otras restricciones (la Comunidad Foral está todavía pendiente del aval de su tribunal superior de justicia) y del País Vasco y Canarias, cuyos tribunales han rechazado las limitaciones de derechos fundamentales que sus gobiernos querían aplicar.

En resumir, el sentir generalizado entre las comunidades parece apuntar a que el Gobierno ha dejado decaer el estado de alarma sin un plan jurídico alternativo que asista a los gobiernos regionales. La evolución de la pandemia queda de esta forma en manos de la ciudadanía, de cuya responsabilidad —o falta de ella— dependerán las futuras restricciones.