Discrepancias en la Fiscalía sobre la aprobación del toque de queda en las comunidades tras el fin del estado de alarma

La Fiscalía ha decidido apoyar los cierres territoriales locales, pero cuestiona el toque de queda

Sigue el debate sobre las restricciones que pueden aprobarse o no en las comunidades autónomas. Después del fin del estado de alarma, algunas comunidades han presentado su solicitud para aprobar el toque de queda en su territorio, un tema que está siendo muy cuestionado, ya que, según en qué comunidad se acepta o rechaza esta medida.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, convocó una reunión con 17 fiscales para analizar las restricciones de derechos fundamentales que las comunidades están solicitando tras el estado de alarma. Una de las dudas más generadas entre los ciudadanos y las comunidades es qué pasará con el toque de queda y con los confinamientos perimetrales.

La Fiscalía ha decidido apoyar los cierres territoriales locales, pero cuestiona el toque de queda. Dolores Delgado explicaba que, «cada medida solicitada por una comunidad para combatir el virus debe ser estudiada sin partir de un criterio preestablecido».

A partir de aquí, los fiscales autonómicos deberán de estudiar las medidas que cada comunidad autónoma solicite, y valorarlas en función de la situación sanitaria de cada comunidad, aunque también depende de las limitaciones de los derechos que estas restricciones planteen.

«No nos puede dar parámetros cerrados porque se puede interpretar la Ley Orgánica del 86 de manera estricta o suave. Ni sí a todo ni no a todo», señaló uno de los fiscales participantes en esta reunión.

¿Cuáles son las medidas más debatidas?

En esta reunión entre Dolores Delgado y los fiscales se debatieron las restricciones de los confinamientos perimetrales, el toque de queda y el límite a las reuniones sociales.

Los fiscales coincidieron en la reunión en que el confinamiento nocturno es una de las medidas más restrictivas, y que tiene un encaje constitucional muy difícil, ya que no se encuentra decretado el estado de alarma en España. Frente a esta restricción, el ministerio público propone soluciones intermediarias, como por ejemplo puede ser adelantar el cierre de los lugares de ocio nocturno, como también, controlar las concentraciones y botellones en las ciudades.

Según lo debatido en la reunión, aunque la Fiscalía apoyó el cierre de cuatro municipios de Andalucía por tener una incidencia alta, y prevé mantener este criterio ante el alto tribunal, han decidido oponerse a los cierres territoriales, pero sí apoyará los cierres de municipios que presenten una alta incidencia del virus, como es el caso de estos cuatro municipios de Andalucía.

El Gobierno permitió la semana pasada (dictando un Real Decreto Ley) que las regiones puedan recurrir en casación ante el Tribunal Supremo las decisiones de los tribunales superiores de justicia (TSJ) que no avalen sus restricciones. La Fiscalía tiene dudas sobre si se pueden o no recurrir las resoluciones judiciales dictadas antes del 9 de mayo, ya que en esa fecha entró en vigor la reforma legal del Gobierno.