Las diez claves de la Ley de Cambio Climático que ha aprobado España

Tras varios retrasos derivados de elecciones anticipadas y la pandemia, la ley climática, ha sido aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados

En un contexto actual de urgente reactivación de la economía frente a la crisis sanitaria y social, la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España se postula como palanca para alcanzar la plena descarbonización en 2050, impulsar el coche eléctrico y las renovables, y proteger la biodiversidad.

Tras varios retrasos derivados de elecciones anticipadas y la pandemia, la ley climática, una de las prioridades del Ejecutivo desde el inicio de la legislatura, ha sido aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, a falta de su publicación en el BOE.

En un contexto de Transición Justa, el texto se ajusta a los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático, como el Acuerdo de París, y destaca el propósito de España de alcanzar la neutralidad climática «no más tarde de 2050″, con objetivos que solo podrán ser revisados al alza.

La norma establece varios objetivos mínimos nacionales para el año 2030, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23% respecto del año 1990; alcanzar una penetración mínima de energías de origen renovable en el consumo energético final de un 42%; y lograr un sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable.

A partir de 2023 el Gobierno podrá revisar estos objetivos, al alza, para 2030.

La ley se verá reforzada por las estimaciones del Gobierno, según las cuales, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en la próxima década y generará entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales; las inversiones, el ahorro energético y la mayor presencia de renovables aumentarán el PIB alrededor del 1,8 % en 2030, respecto de un escenario sin medidas.

Estas son algunas de las medidas más destacadas alcanzadas en el desarrollo de esta ley como marco fundamental sobre el que tejer políticas y estrategias de sostenibilidad, mitigación y adaptación al cambio climático.

– Los turismos y vehículos comerciales ligeros, no destinados a usos comerciales, reducirán paulatinamente sus emisiones, de modo que a partir de 2040 no podrán venderse turismos que emitan dióxido de carbono y a partir del 2050 no podrán circular; además establece obligaciones para puntos de recarga en gasolineras y en edificios.

– Prohibición de sondeos y prospecciones de combustibles fósiles -en tierra y mar-, ni se otorgarán permisos de explotación de materiales con propiedades radiactivas; tampoco se autorizarán actividades de explotación de hidrocarburos donde esté previsto el uso del «fracking».

– El texto mantiene la obligación de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes para 2030, con el fin de reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de CO2 y favorecer la movilidad eléctrica y transporte público.

– La ley contempla la consideración del cambio climático en la gestión del dominio público marítimo terrestre y establece que los títulos de ocupación se computarán desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, sin superar los plazos establecidos en la ley de costas, por un período máximo para la ocupación de 75 años.

– Impulsa la rehabilitación energética de los edificios, vigila los impactos del cambio climático en la salud pública y en la consecución de una dieta alimentaria sostenible y da prioridad a los bosques como sumideros de carbono; además el despliegue de las renovables deberá ser compatible con la conservación del patrimonio natural y con combatir el deterioro demográfico..

– En el sector financiero, grandes empresas, entidades financieras y aseguradoras deberán elaborar informes anuales sobre los riesgos que la transición a una economía sostenible genere para su actividad, así como medidas para afrontarlos.

– En materia de gobernanza, se prevé la creación de un comité de expertos científicos en clima y transición energética como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones en ambas cuestiones.

– La ley incorpora la convocatoria de una asamblea ciudadana con el objetivo de implicar a la sociedad en la transición ecológica, así como la obligatoriedad del Gobierno de revisar la sostenibilidad y el cambio climático en las enseñanzas del Sistema Educativo.

– Respecto a las políticas de adaptación, el Gobierno se compromete a aprobar cada cinco años un plan nacional de adaptación al cambio climático que incluya la evaluación de impactos y riesgos para varios escenarios posibles.

– El texto plantea además compromisos clave de futuro como una ley de movilidad sostenible, una revisión del sistema energético y un impulso al ferrocarril como transporte para reducir emisiones.