La Ley de Memoria Democrática, bloqueada en el CGPJ por la falta de acuerdo
El Consejo ha acordado pedir una prórroga de un mes al Gobierno para emitir su informe
El Consejo ha acordado pedir una prórroga de un mes al Gobierno para emitir su informe
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pedirá al Gobierno una prórroga de un mes de plazo para emitir su informe sobre la Ley de Memoria Democrática, al tener que cambiar a los dos ponentes designados para esta tarea debido a la evidente falta de acuerdo para alcanzar un consenso.
Fuentes próximas al Consejo han informado de que el órgano de gobierno de los jueces había nombrado ponentes del informe a Jose Antonio Ballestero y Álvaro Cuesta, un conservador y un progresista «cuyas posiciones son radicalmente dispares y diferentes».
Por tanto, añaden las fuentes, ya «desde el principio el acuerdo se intuía difícil» y así ha sido ya que «no había punto de encuentro» entre los dos vocales del Consejo, que partieron del informe elaborado por el gabinete técnico de la institución.
Cuesta abogaba por introducir algunas modificaciones pero en líneas generales estaba a favor del texto, en cambio Ballestero era muy crítico con el borrador y el anteproyecto en sí mismo.
Ante esta situación, el Consejo ha acordado pedir una prórroga de un mes al Gobierno para emitir su informe y ha sustituido a estos vocales por Juan Manuel Fernández y Roser Bach que tienen sensibilidades diferentes pero con algo más de opciones de culminar en una posición común respecto a la Ley de Memoria Democrática.
Dicha ley aborda un ámbito de gran relevancia política para la izquierda y ya ha dejado al descubierto las divisiones existentes en el seno de los órganos que deben emitir sus informes preceptivos.
Porque no solo hay discrepancias en el CGPJ, sino que antes el Consejo Fiscal fue la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la que decantó con su voto el informe a favor del anteproyecto.
El texto salió adelante con los cuatro votos de los vocales representantes de la Unión Progresista de Fiscales, del fiscal inspector y el de la fiscal general, Dolores Delgado, y con los cinco en contra de los vocales de la Asociación de Fiscales.
Los progresistas dijeron que era «un paso en el camino de la verdad, justicia y reparación», frente a los vocales conservadores que consideraron que «da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal» con la creación de una Fiscalía de Sala en el Supremo «absolutamente innecesaria».
Así, solo falta el informe del CGPJ antes de volver a la mesa del Consejo de Ministros y ser remitido a las Cortes.
La norma declarará «nulos de pleno derecho» los juicios sin garantías del franquismo y, según los cálculos del Gobierno, permitirá recuperar de las fosas unos 25.000 cadáveres de represaliados en cuatro años.
