El número de devoluciones de inmigrantes marroquíes que han entrado irregularmente en Ceuta asciende ya a 7.500 personas, según los datos facilitados este domingo por la Delegación del Gobierno.
En contexto: junto a los que son obligados a regresar, en la frontera se han presentado decenas de jóvenes que entraron irregularmente y que han optado por regresar de forma voluntaria a su país. La cifra se ha incrementado en 500 personas durante las últimas 24 horas como consecuencia de la entrega de más inmigrantes a Marruecos, así como por los retornos voluntarios de otros muchos.
Más de 8.000 marroquíes lograron acceder a Ceuta en los primeros días de esta semana, entre ellos unos 800 menores marroquíes, tras lo cual España y Marruecos llegaron a un acuerdo para que se produjera el retorno de los migrantes.
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha dicho este domingo que quiere dejar atrás «cuanto antes» la crisis en las relaciones con Marruecos y ha abogado por el diálogo y la diplomacia.
Las autoridades marroquíes permitieron la entrada de unos 9.000 inmigrantes a Ceuta a principios de semana y han llamado a consulta a su embajadora porque España permitió en abril que el jefe del Frente Polisario Saharaui, Brahim Ghali, fuera atendido en un hospital de Logroño de varias dolencias, incluida la COVID.
En declaraciones a RNE, la ministra ha dicho que sintió «mucho dolor y preocupación» por el sufrimiento ante esa masiva llegada de personas a Ceuta y que España «no juega a las represalias con los países socios, amigos y vecinos», sin descartar «la firmeza, cuando hay que tenerla».
Se ha referido a la «inmigración desordenada, irregular, que está en manos de mafias», a la que hay que contrarrestar y para ello se trabaja en Europa con el pacto por la migración, «buscando que sea una lucha común, conjunta con nuestro vecinos», porque no es solo un problema de los países limítrofes, sino de toda la Unión.