Cuatro de los siete consejeros de ERC designados por Aragonès tienen causas pendientes con la justicia
Cuatro de los consejeros designados por Esquerra podrían afrontar una legislatura con sobresaltos debido a las causas judiciales que tienen abiertas
Cuatro de los consejeros designados por Esquerra podrían afrontar una legislatura con sobresaltos debido a las causas judiciales que tienen abiertas
Cuatro de los consejeros designados por ERC en el Gobierno catalán presidido por Pere Aragonès –Roger Torrent, Josep Gonzàlez-Cambray, Tània Verge y Natàlia Garriga– están inmersos en procesos judiciales que, de prosperar, podrían acarrear su inhabilitación.
Ocho mujeres y seis hombres, de los que siete son de ERC y otros siete propuestos por JxCat, componen el nuevo ejecutivo que encabeza el republicano Pere Aragonès, marcado por un perfil más técnico y una media de edad rejuvenecida.
Cuatro de los consejeros designados por ERC podrían afrontar una legislatura con sobresaltos debido a las causas judiciales que tienen abiertas, en el caso de Verge y Garriga por su vinculación con el referéndum del 1-O y, en el de Torrent, por la dirección del debate parlamentario cuando presidía la cámara catalana.
Roger Torrent, futuro consejero de Empresa y Trabajo, está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), junto al resto de miembros de JxCat y ERC en la Mesa del Parlamento de la pasada legislatura, por desobedecer al Tribunal Constitucional al permitir la tramitación de resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía.
En la causa, abierta a raíz de una querella de la Fiscalía, Torrent está pendiente de ser citado a declarar como investigado por un delito de desobediencia, que no acarrea penas de cárcel pero sí de inhabilitación para empleo y cargo público.
Por su papel en el referéndum independentista de 2017 tienen pendientes cuentas con la justicia otras dos consejeras: la futura titular de Feminismos e Igualdad, Tània Verge, que fue miembro de la Sindicatura Electoral del 1-O, y la de Cultura, Natàlia Garriga.
Verge, junto a los otros cuatro síndicos, fue absuelta el mes pasado por una juez de Barcelona de los delitos de usurpación de funciones y desobediencia -por los que afrontaba dos años y nueve meses de cárcel-, pero la Fiscalía ha recurrido la sentencia ante la Audiencia de Barcelona, a la que pide que ordene repetir el juicio.
La futura consejera de Cultura, por su parte, está procesada por un delito de malversación por participar en la organización del referéndum del 1-O desde el cargo de directora de servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia que ocupaba en octubre de 2017.
Garriga, que fue una de la detenidas en la operación de entrada y registros del 20S, está acusada de ejercer de «enlace» entre el ex secretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové y la encargada de una nave industrial de Bigues y Riells (Barcelona) donde iba a almacenarse documentación relacionada con el 1-O.
Una vez tome posesión de su cargo, Garriga ostentará la condición de aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que asumirá su investigación y podría unirla a la que ya tiene abierta contra los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su papel en el 1-O.
El propio Aragonès estuvo a un paso de ser imputado en esa misma causa por organizar el 1-O desde la consellería que dirigía Oriol Junqueras: así lo planteó ante el TSJC el juez de investigaba los preparativos del referéndum, pero la Fiscalía lo descartó al no apreciar suficientes indicios que lo incriminaran.
También el consejero de Educación, Josep González-Cambray, está siendo investigado por la justicia, en el marco de la operación Volhov que dirige el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, en su caso por su supuesta vinculación con un proyecto económico bajo sospecha del exconsejero de ERC Josep Vendrell.
González-Cambray fue detenido por la Guardia Civil el 28 de octubre pasado, en su cargo de director general de Centros Públicos de la consejería, acusado de beneficiar a Vendrell en su proyecto de aumentar la ratio de una escuela de educación especial de Sant Joan Despí (Barcelona) de cuyo patronato es presidente y montar un centro concertado en la masía de Villa Bugatti.
