Han transcurrido veinticinco años desde que el PP ganara las elecciones resumiendo su discurso y su campaña electoral en estas tres palabras: paro, despilfarro y corrupción. En un momento en el que la tasa de paro se situaba en España por encima del 20% y eran sonados los escándalos de corrupción que salpicaban al PSOE y al Gobierno presidido por Felipe González el lema funcionó, según lo previsto por los estrategas del PP sin que el dóberman que sacó a pasear el PSOE pudiera pararlo.
Sería injusto comparar la gestión de aquel gobierno del PSOE –con sus luces y sus sombras- con los actos perpetrados por el actual secretario general del PSOE y Presidente del Gobierno de España. Y sería un regalo comparar la actuación de un gobierno respetuoso con el orden constitucional con el que él preside gracias al apoyo de los enemigos jurados de la democracia.
Sin embargo, los conceptos que encierran aquellas palabras definen a la perfección la actuación del gobierno presidido por el impostor. El paro no para de crecer desde que Sánchez está en la Moncloa, y no solo como consecuencia de la crisis derivada de la Covid-19, sino por su incapacidad a la hora de combatir la pandemia y por su negativa a aplicar medidas para proteger la economía similares a las que han puesto en marcha la mayor parte de los países de nuestro entorno.
El despilfarro de dinero público ha sido una constante, denunciada por los agentes nacionales e internacionales, desde las subvenciones a la carta a empresas sin interés estratégico ninguno (el rescate de Plus Ultra es únicamente un ejemplo), a la pléyade de asesores para funciones de propaganda que le cuestan al erario público más de seis millones de euros al mes, dinero que no llega para los parados, pero que se utiliza para mayor gloria del caudillo.
Pero el aspecto en el que Sánchez no tiene parangón con ningún gobierno de la democracia es el referido a la corrupción, pues la de Sánchez no es solo ni principalmente una corrupción de carácter económico, sino una corrupción política incompatible con la democracia. Sánchez apostó por corromper las instituciones desde el mismo momento en el que se alió con los enemigos jurados y mortales de la democracia para acceder por vez primera a la Presidencia del Gobierno; y reforzó su apuesta corrupta al formar un gobierno de coalición con quien defiende a sátrapas y dictadores y jalea los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el comunismo y al formalizar su alianza parlamentaria con golpistas y terroristas.
¿Puede haber corrupción política mayor que lavar la historia del terrorismo al calificar como «hombre de estado» al terrorista que dirige la marca política de ETA en la actualidad?
¿Puede haber corrupción política mayor que mantener y reforzar alianzas con partidos políticos que actúan cotidianamente en contra de lo previsto en la Ley de Partidos aun en vigor?
¿Puede haber corrupción política mayor que contravenir lo previsto en la política penitenciaria y acercar al País Vasco a los terroristas encarcelados por graves crímenes de los que no se han arrepentido y que se han negado a colaborar con la justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos aún sin juzgar?
¿Puede haber corrupción política mayor que disponerse a indultar a los golpistas condenados en firme por los mayores delitos no sangrientos que caben en nuestro ordenamiento jurídico?
¿Puede haber corrupción mayor que calificar como «venganza» la exigencia de respetar la ley y las resoluciones de los órganos de la Justicia?
¿Puede haber corrupción política mayor que constituir una Mesa entre un gobierno golpista y el gobierno de la Nación en la que se califica el golpismo como «conflicto político» y en la que se acuerda negociar la cesión de soberanía nacional?
¿Puede haber corrupción política mayor que apelar a la «convivencia» para indultar a sus socios de gobierno, delincuentes peligrosos que amenazan con repetir sus delitos?
Para que triunfe el viejo objetivo nacionalista de romper la España constitucional y democrática, era necesario conseguir la complicidad de quien tiene la obligación de defender el orden constitucional y las instituciones que lo representan. Apoyando la llegada y la permanencia del traidor en la Moncloa, los nacionalistas y separatistas han conseguido que su plan tenga éxito. Lo está teniendo en Euskadi, donde la sangre inocente ha sido muy rentable para los malos y también para los nacionalistas buenos; y también lo está teniendo en Cataluña, donde quienes perpetraron el golpe y juran que volverán a hacerlo están a punto de ser indultados por Sánchez.
Para quien está dispuesto a matar en nombre de su «patria» o a declarar extranjeros a quienes no renuncian a sus derechos constitucionales de ciudadanos españoles, la prevaricación, las cuentas en el extranjero, el «impuesto revolucionario»… es un mero procedimiento. No hay corrupción mayor que el terrorismo y el golpismo. Al amparar a los prescriptores y protagonistas de esas ideologías malditas, Sánchez se ha convertido en el presidente más corrupto de la democracia.
La cuestión que se nos plantea a los españoles es si vamos a consentir que el corrupto Sánchez indulte a plazos a los terroristas y de un plumazo a los golpistas. A mi modo de ver, el silencio ante la corrupción política es complicidad. La urna no es el único lugar en el que se puede frenar a un corrupto. Las instituciones también se defienden en la calle. Creo que ya ha llegado la hora. Quizá no podamos evitar que Sánchez indulte a los delincuentes, pero está en nuestras manos no indultar a Sánchez.
