Condenan al cuñado de Torra a 4 años y medio de cárcel por fraude fiscal
La Audiencia considera a Josep M.V., hermano de la mujer de Torra, a otro hermano y a una tercera persona culpables de un delito de defraudación tributaria y otro de insolvencia punible
La Audiencia considera a Josep M.V., hermano de la mujer de Torra, a otro hermano y a una tercera persona culpables de un delito de defraudación tributaria y otro de insolvencia punible
La Audiencia de Barcelona ha condenado al cuñado del expresidente de la Generalidad, Quim Torra, a cuatro años y medio de prisión por haberse valido de un entramado de sociedades para ocultar deudas por el impago de impuestos.
En su sentencia, la sección décima de la Audiencia considera a Josep M.V., hermano de la mujer de Torra, a otro hermano y a una tercera persona culpables de un delito de defraudación tributaria y otro de insolvencia punible, y les impone una multa de más de 170.000 euros.
La sala considera probado que ambos hermanos, administradores de la empresa Piensos Suprem de Santa Coloma de Farners (Girona), cerraron la compañía en 2009 por la «mala situación económica» de la misma y vendieron las parcelas del terreno en el que se localizaba, propiedad de Can Roure, también propiedad de la familia.
Según los magistrados, los condenados, «sabedores de que la transmisión de las siete parcelas (…) generaría para Can Roure importantes plusvalías por las que vendría obligada a tributar en el Impuesto sobre Sociedades, así como elevadas cuotas devengadas de IVA por las que vendría también obligada a tributar en dicho impuesto (…) decidieron ejecutar un plan».
El objetivo era «ocultar a la Hacienda Pública la obtención de las plusvalías para no tributar por las mismas en el Impuesto sobre Sociedades», así como «desvincularse aparentemente de la mencionada sociedad para eludir cualquier tipo de responsabilidad en el eventual supuesto de que se descubriese el fraude tributario».
Con el mencionado plan, continúa la sentencia, los hermanos buscaron también «despatrimonializar la sociedad para frustrar los eventuales procedimientos administrativos o judiciales de ejecución de los créditos públicos por las deudas tributarias no satisfechas».
Para ello, con la ayuda de una tercera persona como «cooperadora necesaria», se valieron de una serie de empresas «pantalla instrumentales» con las que lograron defraudar a Hacienda.
«En definitiva, se utilizó un entramado societario de empresas prácticamente inactivas e instrumentales pero que facilitaba la dispersión y volatilización del dinero con el único propósito de no ingresar en el erario público las cantidades por las cuotas correspondientes al Impuesto de Sociedades», resumen los jueces.
