El Tribunal de Cuentas investigará el rescate de Plus Ultra tras admitir a trámite la denuncia de Cs

La compañía está controlada por empresarios venezolanos muy próximos a Nicolás Maduro y el Gobierno de España la regó con 53 millones de euros

El Tribunal de Cuentas admite a trámite la denuncia de Ciudadanos y va a abrir una investigación sobre el rescate en plena pandemia de la aerolínea Plus Ultra. La compañía está controlada por empresarios venezolanos muy próximos a Nicolás Maduro y el Gobierno de España la regó con 53 millones de euros.

La formación naranja había presentado el pasado 7 de julio una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra la concesión «irregular», de una ayuda de 53 millones de euros a la compañía aérea por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, un rescate que no cumplía los requisitos para ello, según el partido naranja.

La denuncia fue presentada por la líder del partido, Inés Arrimadas, acompañada por el portavoz, Edmundo Bal, y el jefe de la delegación de Cs en Europa, Luis Garicano, que también lo ha denunciado en Bruselas.

Arrimadas tachaba de «escándalo», de una magnitud no vista la concesión de esta ayuda «a dedo» a una empresa que ni era viable, ni era solvente, ni era estratégica, y que en ningún caso «cumplía con los requisitos que establece el fondo de la SEPI para empresas estratégicas». Se trata de «un pufo absoluto» especialmente indignante, ha señalado, cuando en plena pandemia, el Gobierno no ha dado «ni un solo euro de ayudas directas a las pymes, los autónomos y los comerciantes de este país».

«¿Qué van a pensar en las instituciones europeas cuando nos tienen que dar 70.000 millones de euros para ayudas si el Gobierno de España se las gasta de esta manera?», preguntaba la presidenta naranja.

La denuncia presentada, por responsabilidad contable, pedía investigar a las personas implicadas en la concesión de estas ayudas a una empresa -ha afirmado Bal- que no era solvente ni estratégica ni viable y además «no se investigaron los vínculos de esta empresa con paraísos fiscales y tramas de blanqueo de capitales» y existen incluso dudas, ha dicho, de que estuviera al corriente de sus obligaciones fiscales.

Garicano insistía en que estas ayudas se concedieron de manera irregular sin cumplir los requisitos exigidos por Bruselas: la empresa no es estratégica porque con un 0,1 % de facturación no puede serlo, estaba en crisis y el préstamo que se le concedió era excesivo porque superó en 37 millones de euros el límite máximo fijado en 16 millones.