Los informes del Gobierno reconocen que 5 líderes independentistas "no merecen personalmente el indulto"

Según ‘EL ESPAÑOL’, el Gobierno cree que no merecen el indulto los exconsejeros Forn, Turull y Rull, el expresidente de ANC, Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Cuixart

El periódico ‘EL ESPAÑOL’ ha tenido acceso a los informes sobre el indulto a los responsables del ‘procés’ catalán, donde, aseguran, el Gobierno admite en estos informes que la conducta de cinco de los nueve líderes independentistas «no les hace personalmente merecedores» de la medida de gracia que se les ha concedido.

En los informes de los indultos, el Ejecutivo reconoce que «se echan en falta gestos o declaraciones» que puedan hacer evidente «la voluntad de conducir sus reivindicaciones políticas por las vías legalmente establecidas».

¿Quiénes son los líderes independentistas que «no merecen personalmente los indultos»?

Según apunta ‘EL ESPAÑOL’, quien ha tenido acceso a los informes de los indultos, los líderes del ‘procés’ que no son merecedores de estos indultos son los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, el expresidente de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez y, por último, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Con lo cual, según el Gobierno, los líderes independentistas que realmente sí son merecedores de estos indultos son Oriol Junqueras, presidente de ERC, la que fue presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, la exconsejera de Trabajo del Gobierno catalán, Dolors Bassa y, por último, Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales.

Como el Gobierno no ha podido tener evidencias de que estos expresos van a actuar acatando la Constitución y las leyes, han decidido indultarles porque consideran que existen «ineludibles y prioritarias razones de utilidad pública» que están por encima de la actitud de los propios condenados.

Además, el Gobierno concreta esas razones por la necesidad de crear un «ambiente de concordia en la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española».

La motivación individualizada de la medida de gracia para cada uno de los indultados

‘EL ESPAÑOL’ ha podido extraer literalmente de los informes del Gobierno el motivo individual por el cual se les ha concedido la medida de gracia a los nueve líderes del ‘procés’ catalán.

Joaquim Forn estaba condenado a 10 años y medio de cárcel por sedición, pero, según el informe del Gobierno, «su condición de principal referente de una de las dos grandes formaciones independentistas [Junts per Catalunya] le convierten en una figura clave en el devenir de las relaciones entre Cataluña y España«.

Forn es uno de los independentistas que el Gobierno considera que no ha realizado públicamente un ejercicio de autocrítica con respecto a los hechos sucedidos el 1-O. «Se echan en falta en su caso concreto gestos o declaraciones que, en la línea de otros políticos independentistas hagan evidente la voluntad de conducir sus reivindicaciones políticas por las vías legalmente establecidas», indica el Gobierno en el informe. Por ese motivo, se le ha impuesto a Joaquim Forn uno de los plazos de condicionalidad más altos: no podrá volver a cometer un delito grave en los próximos seis años o el indulto quedará sin efecto.

Carme Forcadell estaba condenada a 11 años y medio de prisión por sedición, de los cuales ha cumplido tres años y tres meses.

«En octubre de 2019 reconoció públicamente que el independentismo actuó de manera injusta con las personas no independentistas», comentan en el informe. Además, «ha sido durante muchos años y sigue siéndolo en la actualidad, pese a no ejercer activamente ningún cargo institucional, un referente indiscutible en la vida social y política de Cataluña». Por estos motivos, y porque tendría una «avanzada edad» cuando haya cumplido la pena, el Gobierno ha decidido concederle el indulto a Forcadell.

Dolors Bassa estaba condenada a 12 años de prisión por sedición y malversación y, según el informe, «Bassa manifestó ante el juez de Vigilancia Penitenciaria en octubre de 2020 que no tenía ninguna intención de retornar a la esfera política, con planes de futuro en el rango laboral, hasta el objetivo pensionista de jubilación, no lejano, cuidado materno y vida familiar».

Esto implica que Bassa tenía pensado retirarse de la vida política, y este es un motivo suficiente para concederle el indulto. A este hecho se une que Bassa manifestó en una entrevista en la radio que era contraria a la vía unilateral y defendía que «la solución es el diálogo y la negociación, no hay ninguna más».

Su período de condicionalidad es el más bajo de los impuestos a los líderes independentistas, no podrá delinquir en tres años.

Jordi Cuixart estaba cumpliendo una condena de 9 años por sedición antes de recibir el indulto por parte del Gobierno. El motivo por el cual se le ha concedido el indulto a Cuixart es porque, según el Gobierno, «el indulto a un líder social como Jordi Cuixart puede contribuir a aliviar la tensión en parte de la sociedad catalana».

En cuanto a su actitud, expone que «ha expresado reiteradamente su convicción de que los hechos que protagonizó y por los que fue condenado los llevó a cabo en ejercicio de sus derechos, por lo que volvería a cometer los mismos actos. Incluso ha publicado un libro titulado «Ho tornarem a fer» (Lo volveremos a hacer)», indica el Gobierno en el informe.

Aun así, el Gobierno le ha concedido el indulto por razones de «utilidad pública».

Jordi Sànchez también fue condenado a 9 años de cárcel por sedición y, al igual que en el caso de Forn, el Gobierno expone que, «en el caso de Jordi Sànchez se echan en falta gestos o declaraciones que, en la línea de otros líderes políticos independentistas, hagan evidente la voluntad de conducir sus reivindicaciones políticas por las vías legalmente establecidas«, indican.

Sànchez ha recibido el indulto porque el Gobierno ha tenido en cuenta la respuesta que dio Jordi a la carta de Junqueras, donde afirmaba que «somos mayoría los que creemos en el diálogo y el acuerdo como el paso necesario para la solución definitiva del conflicto». En consecuencia, el Gobierno cree que «sí procede valorar las últimas declaraciones realizadas por el condenado de cara a ajustar el marco temporal de la condicionalidad a la que se somete el indulto».

Jordi Turull estaba condenado a 12 años de prisión por sedición y malversación, de los cuales ha cumplido tres años y tres meses. 

Turull tampoco ha «realizado públicamente un ejercicio de autocrítica con respecto a los hechos que motivaron su condena, ni ha protagonizado gestos orientados claramente a la recuperación del clima de entendimiento y de diálogo», pero, para el Gobierno, «los factores vinculados a la percepción que la sociedad tiene de Turull no le hacen personalmente merecedor del indulto, pero deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la utilidad pública de la decisión, en la medida en que su puesta en libertad pueda favorecer objetivamente la vía del diálogo». Por este motivo, el Gobierno ha decidido indultar a Turull.

Josep Rull estaba condenado a 10 años y medio de prisión por sedición. Es otro de los independentistas que el Gobierno cree que no es merecedor del indulto porque «Rull, en sintonía con su formación política [JxC], no ha efectuado un pronunciamiento nítido sobre el abandono de la vía unilateral. Sin embargo, debemos tomar en consideración su reivindicación y predisposición al diálogo con el Gobierno de España», explican en el informe.

Además, aunque el Gobierno crea que falta el reconocimiento del arrepentimiento, como en los casos de Forn y Turull, Josep Rull sí ha hecho «algún ejercicio de autocrítica», como por ejemplo en su comparecencia en comisión en el Parlamento, donde reconoció que «demasiados catalanes» no sintieron suyo el referéndum del 1-O y que, de cara al futuro, se deberían «reforzar elementos de legitimidad democrática».

Raül Romeva estaba condenado a 12 años de prisión por sedición y malversación, y el Gobierno asegura en su informe que Romeva «es un actor político de gran relevancia en Cataluña».

Para su indulto, el Gobierno ha valorado «no solo a su posición social y su indudable peso en el escenario político catalán, sino también al efecto que su encarcelamiento genera en las personas que se ven representadas por su organización y en aquellas otras que, sin ser independentistas, ven desproporcionada la reacción del Estado».

Además, Romeva «ha manifestado su reivindicación y predisposición al diálogo, sin perjuicio de su firme oposición a la sentencia condenatoria».

Oriol Junqueras es el líder independentista que más condena tenía, 13 años de prisión por sedición y malversación. Evidentemente, el Gobierno ha usado la carta que escribió Junqueras donde aseguraba que las vías no pactadas unilaterales «ni son viables ni deseables» para alcanzar la independencia de Cataluña.

Por este motivo, el Gobierno ha explicado en el informe de Junqueras que «se muestra asimismo favorable a una mesa de diálogo y negociación con el Estado y reconocía que ‘hemos de acatar las leyes’, por mucho que les parezcan profundamente injustas y arbitrarias», destacan.