Los líderes del "procés" abonarán 5,4 millones por promover el 1-O con Diplocat

El Tribunal de Cuentas ha citado este martes a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al exvicepresidente Oriol Junqueras 

Varias decenas de altos cargos de la Generalidad entre 2011 y 2017, entre ellos Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras, tendrán que abonar de forma solidaria 5,42 millones de euros que les reclama el Tribunal de Cuentas por la promoción en el extranjero de la consulta del 1 de octubre de 2017 mediante Diplocat, las «embajadas catalanas».

El órgano fiscalizador ha citado este martes a 42 ex altos cargos -o sus representantes legales- para informarles del acta de liquidación provisional, que es su revisión contable sobre ese supuesto desvío de dinero público a otro fin, y para escuchar sus alegaciones, en una sesión que se prolongará hasta el miércoles.

Según el borrador de liquidación provisional, la cantidad total asciende a 5.422.879 euros, un montante que puede alterarse tras las actuales alegaciones con las que se da fin a la instrucción, aunque no son esperados cambios relevantes.

Este miércoles será dictado el escrito definitivo de liquidación provisional, cuya cuantía constituirá el depósito que los presuntos responsables tienen que realizar en un plazo de 15 días hábiles, al margen de los recursos.

El Tribunal ha hecho el cómputo personalizado de cuál es la cantidad de la que es responsable cada uno de los implicados, con cantidades que llegan a 3,6 millones para el ex secretario general de Diplocat, Albert Royo; 2,9 millones para el expresidente del Govern Artur Mas, y casi 2,1 millones tanto para el eurodiputado y expresidente Carles Puigdemont como para el exvicepresidente Oriol Junqueras.

No obstante, la cuantía total de lo que en esta fase preliminar se ha considerado que incumbía a la promoción del referéndum del 1-O que fue declarado ilegal se limita a 5,4 millones (incluidos los intereses), por lo que, aunque a cada uno se le puede solicitar hasta su máximo, bastará con que en conjunto alcancen esa cantidad depositada.

Por ejemplo, figuran 317.790 euros en el capítulo de viajes realizados por Puigdemont y otros miembros del Govern al extranjero en los que hicieron promoción del referéndum, según el Tribunal de Cuentas, pero un mismo gasto en concreto puede estar atribuido a la vez a varios ex altos cargos, por lo que con el abono de uno de ellos es suficiente, de ahí la disparidad entre las reclamaciones individuales y la suma conjunta solidaria.

Además de gastos de desplazamientos, el informe provisional incluye contratos y actividades de las delegaciones del Govern en países europeos y en Estados Unidos, así como otras acciones dedicadas a promover el proceso soberanista, según la instrucción del Tribunal de Cuentas.

Gonzalo Boyé, abogado de Puigdemont, ha dicho a los periodistas al salir del edificio sucursal del Tribunal de Cuentas en el que han sido convocados que el procedimiento le parece «una tomadura de pelo», por sus deficiencias técnicas, como la ausencia de suplicatorio al Europarlamento, y porque el órgano fiscalizador se arroga una «derogación implícita del Estatuto» de Autonomía catalán, que incluye la acción exterior del Diplocat.

El exconseller Francesc Homs, uno de los afectados, ha acudido personalmente y ha dicho al salir por la tarde que la delegada instructora del caso no ha guardado «las formas», porque ha dado solo diez minutos a cada abogado para hacer alegaciones a un escrito de más de 500 folios recién recibido, y porque ha dejado para el segundo día, este miércoles, las alegaciones de la fiscalía, la abogacía del estado y las acusaciones particulares.

Homs ha señalado que en el caso del 9N y en el del 1-0, los dos precedentes, el Tribunal de Cuentas basaba su argumentación en que se habían hecho acciones ya prohibidas por el Tribunal Constitucional, mientras que en este caso, el del Diplocat del 1-O, «no hay una sentencia».

Por tanto, según Homs, ahora «la delegada instructora hace de Tribunal Constitucional, ella solita ha llegado a la conclusión de lo que se hizo».

Homs ha explicado que algunos de los 42 acusados se han caído de la lista, entre ellos los exconsellers Neus Munté y Jordi Turull, debido a que no ocupaban esos cargos de responsabilidad en las fechas que estaban reflejadas en el borrador de liquidación provisional.

Esta fiscalización del Tribunal de Cuentas deriva de una solicitud hecha por la comisión mixta Congreso-Senado el 27 de diciembre de 2017 y una vez concluya la fase de instrucción cuando se resuelvan los recursos a la revisión contable realizada, se dará paso al procedimiento jurisdiccional.

No obstante, proseguirá ya con el depósito de una cantidad equivalente a la calculada en esta fase (5,42 millones, salvo modificaciones este miércoles), para cuyo abono hay un plazo de afianzamiento de 15 días hábiles, previsiblemente hasta el 21 de julio, aunque suele haber flexibilidad de algunos días ante avales o tasaciones.