El Tribunal de Cuentas mantiene la exigencia de 5,4 millones a los líderes del procés

La reclamación se produce por el empleo de dinero público para el denominado Diplocat, con el fin de promocionar el referéndum del 1-O

El Tribunal Cuentas ha acordado mantener la reclamación de 5,4 millones de euros a más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña por el empleo de dinero público para el denominado Diplocat y las «embajadas catalanas» con el fin de promocionar el referéndum del 1-O de 2017, y fija un plazo de 15 días para que paguen esa fianza.

La delegada instructora del caso en el Tribunal de Cuentas ha mantenido esta reclamación en el acta definitiva de liquidación provisional hecha pública este miércoles tras escuchar la posición de las acusaciones populares y de la Fiscalía, ya que la Abogacía del Estado ha optado por no intervenir en el proceso y no ha presentado alegaciones.

Así lo ha explicado a los periodistas el exconseller Francesc Homs, uno de los acusados, quien presentó sus alegaciones de viva voz el martes, al igual que los representantes legales del resto de encausados, entre los que se encuentran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras. El acta definitiva cifra la cantidad desviada en 5.422.411 euros, cantidad ligeramente inferior a la del borrador presentado la víspera, que era de 5.422.879 euros.

Ese montante es el que se exige que los acusados presenten como fianza de forma solidaria, en conjunto, en el plazo de 15 días hábiles, que concluirá el 21 de julio, aunque habitualmente se da cierta flexibilidad temporal si se requieren avales o tasaciones, y en el caso de que no depositar la cantidad exigida comenzarían a tramitarse los embargos.

Los 5,4 millones deben ser abonados por el conjunto de los 34 ex altos cargos a los que se mantiene la acusación, después de que 8 personas hayan sido exoneradas tras escuchar la delegada instructora sus alegaciones.

Entre los exonerados se encuentran los exconsellers de Presidencia Neus Munté y Jordi Turull, al admitir la instructora que ese departamento del Govern no tenía competencias en acción exterior.

La instructora ha fijado una cantidad máxima de la que es responsable cada acusado, con el ex secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) Albert Royo con la cuantía mayor, 3,6 millones.

A Puigdemont y Junqueras les exige 2 millones a cada uno; a Mas, 2,8 millones; a Homs, 2,9; al exconseller Raül Romeva, 2,1, y a la ex interventora general de la Generalitat Mireia Vidal, 3,1 millones.

Aún cabe la posibilidad de presentar recursos a este acta, pero no interrumpirán los plazos de entrega de la fianza, y tras la resolución de los recursos se cerrará la instrucción.

El caso continuará en fase de enjuiciamiento ante el Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, siempre que haya demandas, que previsiblemente presentarán la Fiscalía y las acusaciones populares (varias asociaciones, entre ellas Societat Civil Catalana), aunque no lo haga la Abogacía del Estado, como anunció el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Para las demandas hay un plazo de veinte días hábiles tras la resolución de los recursos.

Homs, quien defiende a otros acusados además de a sí mismo, ha lamentado ante los periodistas «la naturaleza estrictamente política» del Tribunal de Cuentas y el «despropósito» del acta de liquidación provisional, en el que se ha instruido sin sentencias previas del Tribunal Constitucional que determinaran qué acciones no eran legales.

Esto sí había ocurrido en los dos precedentes, las liquidaciones del Tribunal de Cuentas referidas a la consulta del 9N y a la anterior sobre el 1-0, que se basaban en hechos ya juzgados, lo que no ha ocurrido en este caso. La liquidación del 9N fue de 4,9 millones y la anterior del 1-0 de 4,1 millones.

Fuente: EFE