El juez suspende la declaración como imputado del presidente de Iberdrola por Villarejo
No declarará hasta que no se resuelva la situación procesal de la eléctrica, momento en el cual se procederá a un nuevo señalamiento
Ignacio Sánchez Galán no declarará hasta que no se resuelva la situación procesal de la eléctrica, momento en el cual se procederá a un nuevo señalamiento
El titular del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha suspendido la declaración como investigado del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los supuestos trabajos encargados al excomisario José Villarejo.
En una providencia fechada este viernes a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado insta a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes a que, en el plazo de cinco días, «informen sobre la nulidad» solicitada por Iberdrola, dado que está pendiente de resolver la situación procesal de la eléctrica.
Una vez resuelta, añade el juez, «se procederá, en su caso, a un nuevo señalamiento», en la causa que trata de esclarecer si la eléctrica contrató los servicios de Villarejo para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez.
Iberdrola no figura como imputada en la causa, pero tampoco está personada como acusación, por lo que no están al tanto de las resoluciones judiciales y se encuentran en una situación de indefensión, lamenta la compañía en su último escrito al juez.
La representación legal de la eléctrica se refiere a la querella que presentó en enero de 2020 contra su exresponsable de Control Corporativo José Antonio del Olmo, por presuntamente falsear un documento que habría elaborado él mismo para advertir de pagos a una empresa «que podría ser Cenyt», del excomisario Villarejo.
Ésta recayó en un juzgado de Bilbao -donde la multinacional tiene su sede social-, cuya titular se inhibió en favor de la Audiencia Nacional al considerar que existía conexión con la investigación que dirige el juez García Castellón.
El magistrado acumuló entonces las diligencias al caso; sin embargo, a la compañía le «sorprende» que, habiendo transcurrido casi un año, Iberdrola «todavía desconozca cuál ha sido su devenir» o si se ha practicado alguna prueba al respecto.
La empresa reprocha que no se le haya notificado «ninguna de las resoluciones» adoptadas en referencia a esos hechos, y defiende que la indefensión causada «es notoria», ya que se le ha revocado la condición de acusación particular.
Por ello, solicita la nulidad de todas las decisiones acordadas entre el pasado 27 de mayo y el 25 de junio, y que la causa se retrotraiga a ese momento, a fin de poder ejercitar su derecho de defensa.
Entre otras diligencias, esta medida afectaría al auto en el que el juez imputó al presidente de la eléctrica y a otras tres personas por presunto delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.
Además de Sánchez Galán, el miércoles 7 de julio estaba citado, igualmente como imputado, el que fuera jefe del Gabinete de Presidencia de la multinacional, Rafael Orbegozo.
También debían declarar como investigados en esta última ronda de interrogatorios el director general de negocios de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles, y el ex presidente de Iberdrola España, Fernando Becker.
El caso data de finales de 2019, después de que se publicara que Iberdrola contrató a Villarejo para espiar a un juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes o investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa.
El magistrado aprecia indicios de que hubo «voluntad» por parte de la compañía de ocultar los trabajos encargados a Cenyt, empresa del excomisario, como prueba el hecho de que las facturas correspondientes fueron emitidas por otra compañía diferente.
En total, señalaba en su auto, entre 2004 y 2012 figuran como recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por Cenyt por un importe de 1.047.324 euros.
Entre los servicios solicitados se encuentra el llamado «proyecto Posy», centrado en investigar a Florentino Pérez «a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola».
De hecho, entre la documentación intervenida se encontraban los datos del censo de Pérez y de su familia; para entonces, año 2009, Sánchez Galán «ocupaba ya el cargo de presidente».
Fuentes de la compañía aseguran que la declaración de los directivos representa «una oportunidad para aclarar las cosas», como ya señaló Iberdrola hace unas semanas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al propio juez.
Fuente: EFE
