El Gobierno estudiará el aval que ha creado la Generalidad para pagar las fianzas del Tribunal de Cuentas
El Gobierno de Cataluña ha creado un fondo de 10 M€ para ayudar a los ex altos cargos de la Generalidad a pagar las fianzas que les ha impuesto el Tribunal de Cuentas
El Gobierno de Cataluña ha creado un fondo de 10 M€ para ayudar a los ex altos cargos de la Generalidad a pagar las fianzas que les ha impuesto el Tribunal de Cuentas
El Gobierno estudiará y «recurrirá» si no está «con arreglo a ley» la decisión del Gobierno de Cataluña de avalar a los 34 ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por el empleo de dinero público para promocionar el referéndum del 1-O de 2017.
Así lo ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que señala que la Generalidad de Cataluña, al igual que otros gobiernos autonómicos, sabe que se debe trabajar «en los límites de la legalidad» -lo que «no es optativo, sino obligatorio»- y reitera que la Abogacía del Estado estudiará esta cuestión.
El Gobierno de Cataluña ha creado un fondo con dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los ex altos cargos de la Generalidad a quienes el Tribunal de Cuentas reclama estas fianzas por haber promocionado el referéndum ilegal del 1-O en el extranjero usando, supuestamente, dinero público.
«Desde que Sánchez preside el Gobierno la Generalidad no ha traspasado ni una sola línea de la legalidad y del cumplimiento de la misma y ahora tampoco va a ocurrir», ha incidido Calvo, que ha querido quitar importancia al asunto y ha afirmado que el Ejecutivo ha recurrido «muchas cuestiones a otras muchas comunidades».
Por otro lado, el líder del PP, Pablo Casado, aseguró que su partido pedirá la inhabilitación de quienes aprueben los avales y ha pedido a Sánchez que evite lo que considera una «inadmisible malversación» y un «fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado».
Calvo entiende que esta cuestión forma parte del «debate de la conversación pública», pero ha insistido en que «todos tenemos que cumplir la legalidad» y reitera que esta cuestión se estudiará por parte de la Abogacía General del Estado y «si no está con arreglo a ley no podrá concurrir».
La también ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha realizado estas declaraciones este miércoles en la inauguración en Vélez-Málaga del curso «María Zambrano, hoy», que forma parte de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga (UMA).
Fuente: EFE
