Calviño defiende la "prudencia y responsabilidad" del Gobierno en el caso del Plus Ultra
«El juez lo que ha hecho ha sido dar cinco días a la empresa para que explique por qué sería preciso o imprescindible abordar este pago», ha explicado
«El juez lo que ha hecho ha sido dar cinco días a la empresa para que explique por qué sería preciso o imprescindible abordar este pago», ha explicado
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha defendido este jueves que el Gobierno ha actuado en todo momento con «prudencia y responsabilidad» en el rescate público de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra aprobado por el Ejecutivo el pasado mes de marzo.
«La gestión pública tiene que estar marcada por dos principios, la prudencia y la responsabilidad, y esos principios son, por supuesto, los que han guiado la gestión económica de nuestro Gobierno, máxime cuando estamos hablando del uso de recursos públicos», ha asegurado Calviño al terminar la Conferencia Sectorial de Clima de Negocios y Mejora Regulatoria.
La también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha recordado que fue la propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), gestora del fondo de rescate, la que puso en conocimiento del juzgado competente que había un pago pendiente de 34 millones que debía realizarse el próximo 28 de julio.
«El juez lo que ha hecho ha sido dar cinco días a la empresa para que explique por qué sería preciso o imprescindible abordar este pago», ha explicado la vicepresidente primera del Gobierno.
Este jueves, un juzgado madrileño ha suspendido temporalmente el rescate a la aerolínea, a la que ha dado un plazo de cinco días para que acredite la necesidad de recibir los 34 millones de euros pendientes del préstamo de 53 millones aprobado por el Gobierno a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de Sepi.
Tras conocerse la noticia, la aerolínea ha emitido un comunicado asegurando que acreditará «debidamente y en el plazo concedido por el Juzgado, la necesidad de entrega de la financiación pendiente de disposición».