La nueva Ley vasca de Memoria prevé multas de 10.000 € por enaltecer al franquismo y un Día por las víctimas

El objetivo de esta ley es promover la «reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar, social o colectiva, de quienes padecieron persecución o violencia»

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que prevé un futuro Día anual de homenaje a las víctimas del golpe militar de 1936 y la dictadura, así como un régimen sancionador que incluye multas de hasta 10.000 euros por enaltecer el franquismo.

El proyecto, que será remitido ahora al Parlamento Vasco para su tramitación, «refuerza y dota de marco normativo» la trayectoria en esta materia del Gobierno Vasco, según ha explicado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, también responsable de las políticas de Memoria.

La creación de un Banco de ADN de exhumaciones de Euskadi, la elaboración de un Catálogo de Lugares, Itinerarios y Espacios de la Memoria Histórica y la creación de un Centro Documental son otras de las novedades del documento, que consta de 44 artículos y disposiciones.

El objetivo de la ley es regular las políticas públicas para la Memoria Histórica en el País Vasco con el fin de promover la «reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar, social o colectiva, de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, sindicales, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la guerra civil y la dictadura».

En cuanto al derecho de las víctimas a su reconocimiento y reparación, el proyecto prevé estudiar la pertinencia y viabilidad de «indemnizaciones complementarias a las ya materializadas en el pasado» por el Ejecutivo vasco.

Respecto al derecho a la justicia de las víctimas, detalla que se pondrá en conocimiento de la Ertzaintza, la Fiscalía y los órganos judiciales la existencia de «indicios delictivos» que pudieran encontrarse «como consecuencia de las localizaciones de restos humanos e identificaciones realizadas».

En el texto se estipula también el «establecimiento de un Día anual para el recuerdo a las víctimas del golpe militar y la dictadura» en el que, en la fecha que se determine, las instituciones públicas vascas impulsen actos de homenaje.

Se considera «contraria a la Memoria Histórica de Euskadi y a la dignidad de las víctimas la exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de estado de 1936 y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que los sustentaron».

En un régimen sancionador, la futura ley contempla infracciones «muy graves», sancionadas con entre 10.000 y 150.000 euros, por actuaciones como destruir fosas de la Guerra Civil, o destruir y ocultar «documentos relevantes para la investigación y conocimiento de la verdad».

En la categoría de infracciones «graves», multadas con entre 2.001 a 10.000 euros, figuran difundir expresiones ofensivas o vejatorias «contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares», así como «cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento del franquismo, cuando estas categorías de conductas no puedan ser tipificadas como delito de incitación al odio».

Artolazabal ha destacado que, en el caso de Euskadi, la futura ley no supone el inicio de la actuación institucional en esta materia, ya que la trayectoria seguida durante décadas ha situado a esta comunidad como «referencia en memoria histórica y democrática».

De esta manera, el anteproyecto regula actuaciones ya emprendidas por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora como el informe de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi entre 1936-1978 y el censo de víctimas mortales durante la Guerra Civil en esta comunidad, ya con más de 20.000 registros personalizados.

El proyecto recoge que le corresponde a Gogora actuar para la localización e identificación de las personas desaparecidas en la Guerra Civil. Desde 2003 se han recuperado los restos de un total de 110 víctimas, 108 hombres y dos mujeres. El proyecto alude a la necesidad de continuar las gestiones para recuperar restos en el Valle de los Caídos a solicitud de los familiares.

Fuente: EFE