El Parlamento y el Consejo de Garantías catalán dan luz verde al fondo para avalar a los líderes del procés

El Tribunal de Cuentas les reclama fianzas de 5,4 millones de euros por promocionar su causa en el extranjero

El Parlamento catalán ha validado el decreto que regula el fondo creado por el Gobierno catalán para ayudar a los ex altos cargos de la Generalidad a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones de euros por promocionar el procés en el extranjero con el sí de ERC, JxCat y CUP, y la abstención de PSC-Units y comunes.

Vox, Cs y PPC han votado en contra del texto, que este jueves ha recibido el aval del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que ha sugerido algunas mejoras en el texto redactado para «disipar dudas» acerca de su constitucionalidad.

Durante su intervención en el debate previo a la votación, el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha pedido a los grupos que votaran a favor de tramitar el decreto inicial como ley, para así incorporar las mencionadas precisiones durante el proceso legislativo.

Todos los partidos excepto Ciudadanos, que se ha abstenido, han votado a favor de la propuesta del consejero.

Acabada la votación, los diputados de los grupos del Gobierno catalán -ERC y Junts- han dedicado un aplauso a Giró.

Así las cosas, el decreto ha quedado validado y próximamente se abrirán los trámites para que la regulación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña quede recogida en una ley.

Además, el Consejo de Garantías Estatutarias ha dictaminado que el fondo se ajusta al Estatuto catalán y a la Constitución, pero recomienda modificar varios preceptos del decreto ley para «disipar» dudas.

El órgano consultivo de la Generalidad ha emitido este jueves el dictamen que pidieron PSC, PPC y Cs sobre la legalidad del decreto que regula el fondo, que en su disposición transitoria estipula que mientras no se encuentre una entidad bancaria que se haga cargo, la gestión del fondo la asumirá «provisionalmente» el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

El Consejo de Garantías, órgano que vela por la adecuación de las leyes catalanas al marco legal vigente, considera que el Gobierno catalán debería modificar la disposición que regula el papel del ICF, el artículo que hace referencia al depósito del aval y el que se refiere a la obligación de retorno.

El Tribunal de Cuentas, que ha impuesto una fianza de 5,4 millones de euros a 34 ex altos cargos de la Generalidad, solicitó el pasado martes un informe a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales del ICF para cubrir las fianzas, ante las «dudas» legales que le suscitaba esta operación.

Fuente: EFE