La Fiscalía cree que Juan Carlos I cobró comisiones internacionales
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La Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene que Juan Carlos I cobró «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales», según una información que publica este viernes el diario El Mundo.
Las claves: el rey Juan Carlos permanece desde hace un año Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) tras irse de España por sus presuntos negocios irregulares en el extranjero, que la Fiscalía del Tribunal Supremo sigue investigando por si pudo cometer algún delito, una vez que dejó de ser inviolable cuando abdicó en junio de 2014.
Así lo asegura «El Mundo», que explica que ha tenido acceso a la comisión rogatoria librada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, a las autoridades suizas, que, entre otras cosas, mantienen abierta una investigación sobre la fundación Zagatka, fundada en 2003 por Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, quien le sufragó gastos de vuelos privados.
Las investigaciones de la Fiscalía se centran en varios frentes: el principal, el cobro de 65 millones de euros por presuntas comisiones por las obras del AVE de La Meca, de las que se hizo cargo un consorcio de empresas españolas y que en 2012 donó a la que fue su amiga íntima, Corinna Larsen. También indaga sobre si el rey emérito recibió donaciones no declaradas y si ocultó fondos en paraísos fiscales.
El Mundo señala que la Fiscalía del Tribunal Supremo dispone de «elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación» tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita. En este sentido, añade, investiga la posible comisión de delitos de «blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias».
El rey Juan Carlos acusa a la Fiscalía de «conculcar su presunción de inocencia»
La defensa del rey Juan Carlos ha denunciado este viernes que las imputaciones contenidas en la comunicación de la Fiscalía a las autoridades suizas y en las que se aprecian «indicios de criminalidad» contra el rey emérito se realizan «sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación».
En un comunicado, el abogado Javier Sánchez-Junco afirma que tales afirmaciones «conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano», ya que se traslada a la opinión pública «valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente» al anterior jefe del Estado.
«En esa comunicación a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice», denuncia.
Subraya el abogado que dicha solicitud de asistencia judicial no es pública, por lo que, salvo las autoridades destinatarias de la misma, únicamente debería estar en conocimiento de la Fiscalía, «cuyas actuaciones son reservadas», sin que le conste al abogado que hayan sido comunicadas a parte alguna del procedimiento.
La defensa del rey emérito recuerda, además, que dichas informaciones se refieren, al parecer, a una solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal remitida a las autoridades suizas hace casi siete meses por el fiscal instructor de las diligencias de investigación que se siguen en la Fiscalía del Tribunal Supremo.
