(VÍDEO) Iglesias y Montero piden año y medio de cárcel para uno de los habituales de las protestas en su chalé de Galapagar

Acusan al querellado de cuatro delitos y también piden multa de 9.000 euros e indemnización a la familia de otros 20.000

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, piden un año y medio de cárcel para Miguel Ángel F.D., una de las personas que iba «a diario» al menos durante siete meses a su vivienda en Galapagar (Madrid) a acosar e insultar a su familia.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, acusan al querellado de cuatro delitos: coacciones continuadas, acoso continuado, injurias graves contra las instituciones del Estado y descubrimiento y revelación de secretos.

Por ellos, en total, piden que se le condene a año y medio de cárcel, a multa de 9.000 euros y a una indemnización a la familia de otros 20.000 euros.

Los querellantes relatan en su escrito una serie de episodios ocurridos entre el 15 de mayo y el 12 de diciembre de 2020 en su domicilio, donde se sucedieron protestas a diario de las que el acusado se declaró «instigador» en su cuenta de Twitter.

Entre esos episodios, citan la exhibición de pancartas en las que se llamaba a Iglesias «hijo de terrorista» y a Montero «ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas», las caceroladas o el uso de altavoces para proferir consignas como «no nos vamos a parar hasta que os vayáis a Venezuela» o «garrapata».

También exponen que el acusado burló el perímetro de seguridad y, subido a una piedra, se erigió sobre el muro del recinto para grabar el interior de la morada hasta que el entonces vicepresidente le vio.

En otra ocasión, se saltó de nuevo el perímetro de seguridad emitiendo en directo en un programa y otro día se acercó a Iglesias y en presencia de sus hijos le dijo: «Felicidades, hijo de puta».

«La presencia y actividad diaria de Miguel F. en las inmediaciones de la vivienda impuso a la ministra y en aquel momento vicepresidente del Gobierno una alteración de su vida familiar y sus compromisos laborales, derivada de la limitación de movimiento de los querellantes y sus familiares, los ruidos y sin dudarlo la incertidumbre y la intromisión en el normal desenvolvimiento familiar y de su intimidad», expone el escrito.

El 29 de diciembre de 2020 un juzgado le impuso una orden de alejamiento de 500 metros respecto a los querellantes.

El acusado, pese a tener «más de 33 denuncias administrativas» publicó en su canal de Youtube las grabaciones de las declaraciones de este procedimiento judicial realizadas por Montero e Iglesias.

Montero e Iglesias consideran que lo ocurrido ha supuesto una «grave perturbación que han sufrido de forma injustificada y antisocial por el procesado en un momento clave y muy difícil por su complejidad y por ser inédito como ha sido y es la pandemia que lamentablemente azota a nuestro país, siendo ajeno a la legítima protesta y encuadrándose en una actividad de hostigamiento y acoso en su residencia».

Y argumentan que «está excluido de la legítima protesta y de la libertad de expresión, el mero insulto, el hostigamiento con términos insultantes y el continuo acoso ajeno a protesta y reclamación más allá de la del acoso a quienes considera enemigos políticos».

El daño sufrido, exponen, «alcanza al propio desarrollo de la personalidad de los 3 hijos menores y a la intimidad de la familia en su conjunto que ha sufrido cómo no podían desarrollar su vida en privacidad».

Los querellantes solicitan al juez que requiera al acusado una fianza de 20.000 euros para asegurar la posible responsabilidad civil.

Fuente: EFE