El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, plantó cara en un tribunal este viernes a las autoridades de Texas, en un intento de frenar la aplicación de una ley que prohíbe prácticamente todos los abortos en ese estado.
La audiencia judicial de más de tres horas supuso el primer pulso entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y las autoridades de Texas desde que entró en vigor ese veto casi total al aborto, que no contiene excepciones para los casos de incesto o violación, en el segundo estado más poblado del país.
El juez federal que lleva el caso, Robert Pitman, estudió durante la sesión la petición del Gobierno de Biden de suspender de forma preliminar la implementación de la ley, que entró en vigor hace justo un mes, y por la que el Departamento de Justicia ha demandado a Texas.
Aunque Pitman no anunció ninguna decisión durante la audiencia y dijo que seguiría estudiando el tema, sus preguntas en la sesión dejaron clara su estupefacción ante el mecanismo diseñado por Texas para hacer cumplir la ley, basado en demandas presentadas por ciudadanos particulares.
«Si el estado tiene tanta confianza (como dice) en que limitar el acceso de una mujer al aborto es constitucional, ¿entonces por qué se ha tomado todo el trabajo de crear este (mecanismo) de actuación tan poco habitual?», preguntó Pitman, magistrado en una corte federal en Austin (Texas).
El fiscal de Texas encargado de defender el caso, Will Thompson, respondió que, en su opinión, el mecanismo no es tan extraordinario y que no es cierto que el estado haya recurrido a ideas «poco habituales» para conseguir que la medida saliera adelante.
La ley de Texas permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares a cada demandante si gana el juicio.
Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación está en esos ciudadanos particulares, y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto.
Fue ese vacío legal el que permitió que la ley entrara en vigor hace un mes con el beneplácito del Tribunal Supremo, a pesar de que contradice expresamente la decisión judicial de 1973 que legalizó el aborto en todo Estados Unidos, conocida como «Roe versus Wade».
El veto de Texas -que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas, es el más restrictivo de los 90 que han entrado en vigor este año en territorios de todo el país, impulsados por líderes conservadores en congresos estatales.
El Departamento de Justicia recordó durante la audiencia que el veto de Texas viola la decisión del Supremo de 1973 y otra posterior de 1992, que permite a los estados de EE.UU. restringir el aborto, pero solo una vez que el feto pueda sobrevivir fuera del vientre materno, alrededor de las 24 semanas.
«Ningún estado puede prohibir los abortos a las seis semanas. Texas sabía esto, pero igualmente quería un veto de seis semanas, así que recurrió a un esquema sin precedentes apoyado en justicieros», afirmó el representante del Departamento de Justicia en el caso, Brian Netter.
Ese sistema, añadió, está «diseñado para asustar a los proveedores de abortos que podrían ayudar a las mujeres a ejercer sus derechos constitucionales».
Y el mecanismo está funcionando, según Amy Hagstrom Miller, la presidenta de Whole Woman’s Health, una organización de salud reproductiva que tiene tres clínicas en Texas.
«Cada día que está en vigor S.B.8 (como se conoce la ley), tenemos que negar el servicio a numerosas pacientes», lamentó Hagstrom Miller en un escrito presentado ante la corte.
La prohibición ha forzado a muchas a recorrer cientos de kilómetros para intentar abortar en estados vecinos: las clínicas de la organización Planned Parenthood en Oklahoma han recibido un 133 % más de pacientes de Texas en el último mes, y las de Nuevo México, un 67 % más.
Sin embargo, la mayoría de las mujeres que intentan interrumpir voluntariamente su embarazo cada año en Estados Unidos son pobres, de acuerdo con el centro de estudios Guttmacher Institute, y para muchas de ellas no es una opción desplazarse a otro estado para poder acceder a un aborto.
Si el juez Pitman aceptara la petición del Departamento de Justicia y frenara de forma preliminar la aplicación de la ley, las clínicas de Texas podrían volver a practicar temporalmente abortos después de las seis semanas de gestación.
No obstante, el estado de Texas apelaría seguramente la decisión y llevaría el caso a la corte de apelaciones del Quinto Circuito, una de las más conservadoras del país. Es posible que el asunto vuelva a llegar al Supremo, aunque pocos expertos legales creen que esa corte entre a valorar la constitucionalidad de la ley.
Hay otras dos vías que podrían acabar con la ley de Texas: una demanda presentada por proveedores de aborto que está pendiente de audiencia en el Quinto Circuito, y dos demandas presentadas por particulares contra un doctor texano que confesó en un artículo de opinión que había violado el veto.
Si esas demandas de particulares llegan al Supremo estatal de Texas, existe la posibilidad de que la corte desestime el mecanismo establecido en la ley y prohíba futuras demandas, pero muchos observadores dudan de que ese desenlace sea posible, dada la inclinación conservadora de ese tribunal.
