González Laya afirma que la entrada de Gali fue "de acuerdo con la ley"

La investigación se mantiene abierta por posibles delitos de falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya ha asegurado este lunes que la entrada en España en abril de este año del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, por la Base Aérea de Zaragoza, se produjo «de acuerdo con la ley» y por razones humanitarias.

González Laya ha declarado como investigada ante el titular del juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, que investiga la entrada en España de Gali en un avión medicalizado el pasado 16 de abril para ser tratado por covid en un hospital de Logroño.

«La entrada se hizo, desde mi punto de vista, de acuerdo con la ley. Espero que pronto el juez llegue a la misma conclusión», ha destacado ante los medios la exministra tras su comparecencia, de cerca de una hora de duración.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que Laya, que se ha negado a responder a la acusación popular y a la particular por discrepancias con su acceso a este procedimiento, ha rechazado los tres delitos que se investigan, tanto el de prevaricación como los de encubrimiento y falsedad documental.

Estas fuentes han resaltado que la exministra se ha amparado ante el juez en la ley de secretos oficiales para no desvelar cuestiones que pueden implicar «riesgo para la seguridad y defensa de España».

La exministra, han añadido las referidas fuentes, sí que ha negado a instancias del juez los tres delitos que le atribuyen imputados por las acusaciones.

Según ha explicado, la entrada de Gali se realizó de acuerdo a las circunstancias excepcionales que prevé el código recogido en el Tratado de Schengen, que permite la entrada en el país de personas sin pasaporte por motivos, entre otros, humanitarios y a petición de otro estado.

En su apoyo, la representante de la Abogacía del Estado ha alegado que el líder polisario, que ingresó en el hospital de Logroño con una afección grave por coronavirus, disponía de un documento de identidad español, que renovó él mismo en persona en 2016, con lo que no cabe el delito de prevaricación.

Tampoco pudo haber encubrimiento porque en el momento en el que Gali entró en España no había ninguna orden de búsqueda activa contra él. De hecho, lo había hecho previamente en 2016 para renovar su documentación.

Esa búsqueda se activó por decisión de la Audiencia Nacional una vez que se conoció la presencia de Gali en España. El juez Santiago Pedraz, que le tomó declaración por videoconferencia, ha archivado este mismo lunes una de las dos querellas que existen contra él.

En cuanto a la falsedad documental, según las fuentes, Laya ha esgrimido que la utilización de un pasaporte con otra identidad para ingresar en el referido centro hospitalario es una cuestión sobre la que el Ejecutivo no tiene nada que ver.

Tras su comparecencia ante el juez, Laya ha manifestado a los medios de comunicación que en su declaración ha tratado de aportar «todas las explicaciones que puedan ayudar» a que el magistrado «llegue pronto a la conclusión» de que «todo se ha hecho conforme a la ley».

Otras fuentes presentes en la declaración han indicado que la exministra se ha amparado en tres ocasiones en la ley de secretos oficiales al ser preguntada por la gestión de la entrada de Gali con las autoridades argelinas y por los miembros del Consejo de Ministros que estaban al corriente.

Antes de su declaración ha comparecido en la misma sala el exsecretario general técnico de Exteriores José María Muriel Palomino, quien se ha limitado a afirmar que el día en que llegó Gali a la Base Aérea de Zaragoza estaba de fin de semana y que se limitó a constatar la llegada de un vuelo diplomático desde Argelia.

La declaración de González Laya se produce semanas después de la hecha, también en calidad de investigado, por su exjefe de gabinete, Camilo Villarino, que admitió haber recibido instrucciones de la exministra para facilitar la entrada en el país de Gali con la «máxima discreción», ya que la divulgación pública del viaje podría causar un «perjuicio» a las relaciones internacionales del país.

El próximo 18 de octubre, el juez Lasala tiene previsto tomar declaración por videoconferencia, en este caso como testigos, a Susana Crisóstomo, directora de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a María Isabel Valldecabres, que era jefa de gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cuya comparecencia como testigo fue solicitada por el acusador particular Antonio Urdiales.

En respuesta a esta petición, el juez optó por esperar al resultado de las declaraciones de las jefas de gabinete de Calvo y Marlaska antes de decidir sobre esta petición.

Mientras tanto, el juez deberá responder a la petición hecha el pasado el 27 de septiembre por la Abogacía del Estado de la petición de sobreseimiento de la causa.

Fuente:EFE