González Laya comparece por el caso Gali: «La entrada se hizo de acuerdo con la ley»
TONI GALAN | EFE
La exministra de Exteriores Arancha González Laya ha comparecido presencialmente este lunes a las 13:00 ante el titular del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, como investigada en el caso de la entrada a España por la capital aragonesa del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, a mediados de abril.
Sobre las 14:00, salía del Juzgado y ante los medios declaraba brevemente que «la entrada –de Gali– se hizo de acuerdo con la ley, según mi punto de vista», y apostillaba: «Espero que el juez llegue a la misma conclusión».
El juez investiga la llegada de Gali a la Base Aérea de Zaragoza el 16 de abril de este año en un avión medicalizado, acompañado por otra persona, para ser tratado de la covid severa que padecía en el hospital San Pedro de Logroño, adonde fue trasladado en una ambulancia del servicio de Salud de La Rioja.
El magistrado accedió a citar como investigada a González Laya después de que su jefe de gabinete, Camilo Villarino, investigado también en esta causa, admitiera ante el juez en Zaragoza el pasado día 13 que recibió instrucciones de la exministra para facilitar la entrada en el país de Gali con la «máxima discreción», ya que la divulgación pública del viaje podría causar un «perjuicio» a las relaciones internacionales del país.
El mismo 13 de septiembre, el teniente general y segundo jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Fernández, en su calidad de testigo, confirmó al juez que Villarino le pidió por WhatsApp que a la llegada del avión a Zaragoza no se realizara el control de pasaportes a los viajeros y que le escribió la frase: «Quien lo tiene que saber, ya lo sabe».
También está previsto que declare hoy como testigo José María Muriel Palomino, que en el momento de la llegada de Gali a España era secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y que fue cesado el 21 de julio por el ya nuevo ministro, José Manuel Albares.
Sobre este caso, el actual titular de Exteriores solicitó el pasado miércoles dejar trabajar a la Abogacía del Estado y la Justicia para resolverlo y no verter sospechas sobre empleados públicos por mero rédito político, en respuesta a la petición del PP de crear una comisión de investigación para dirimir responsabilidades políticas por la entrada en España de Gali.
