División en el Supremo por el indulto a Juana Rivas

El magistrado Andrés Palomo apoya que la condena se rebaje a dos años, pero el Ejecutivo tiene la última palabra

Tras el aplazamiento por parte del Tribunal Supremo del debate sobre el indulto a Juana Rivas, la vecina de Maracena (Granada) que fue condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores, fuentes jurídicas consultadas por Efe señalan que el ponente de Alto Tribunal, Andrés Palomo del Arco, se mostró a favor de proponer que el Gobierno indulte de forma parcial a Rivas.

Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores por permanecer en paradero desconocido con sus hijos durante un año en 2017 sin entregarlos al padre, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella denunció de nuevo en 2016 por maltrato. Palomo fue el mismo magistrado que redactó la sentencia firme, le redujo de cinco a dos años y medio la pena impuesta y le atribuyó un delito y no dos, como sí sostenía la Audiencia de Granada.

División entre magistrados

Fuentes consultadas por Efe señalan que «existe división entre los magistrados» sobre el indulto, en tanto que la Fiscalía apoya la concesión de un indulto parcial rebajando la pena de prisión en seis meses para fijarla en dos años y haciendo lo mismo con la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad que sugiere que sea de cuatro y no de seis años.

Los informes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía son preceptivos pero no vinculantes para el Ejecutivo, que tiene la última palabra en la concesión del derecho de gracias.

Juana Rivas cumple actualmente sentencia en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada después de que el juzgado de Vigilancia Penitenciaria estimara el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado que se le había concedido.

Su abogado confía en que se le conceda un indulto parcial o total «resolviendo de esta forma una situación extraordinariamente gravosa para ella y sus hijos».

Por el contrario, el padre de los menores, el italiano Francesco Arcuri, se mostró contrario a esta medida de gracia y, en un escrito presentado en junio ante el Juzgado de lo Penal 1 de Granada como «parte ofendida», consideró que Juana Rivas no cumple ninguno de los requisitos legales para obtener este beneficio.