Las víctimas de ETA se sienten humilladas ante la "manga ancha" del Gobierno con los etarras

Los afectados exigen «justicia» y lamentan que «los socios del Gobierno no condenen los asesinatos y se preocupen de los derechos de los etarras»

Dos víctimas de la banda terrorista ETA han lamentado este miércoles la «manga ancha» que a su juicio se está teniendo con los presos de ETA, en el marco de una política de llevarles a Euskadi y de dar las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, y han dicho que se sienten «olvidadas y solas».

Estas reflexiones han sido expresadas por Gerardo Arín, hijo de un empresario asesinado por ETA en 1983 en Tolosa (Guipúzcoa), y por Ana Díaz, hermana de un policía al que la banda mató en 1991 en Barcelona, en las VIII Jornadas organizadas por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria.

Arín ha mostrado su preocupación porque a su juicio el hecho de que el Gobierno de España haya traspasado al del País Vasco las competencias penitenciarias «puede suponer manga ancha» para los presos de ETA. Asimismo ha mostrado su temor a que se sigan celebrando recibimientos a etarras «que a nivel psicológico hacen mucho daño ya que en ellos los asesinos son vitoreados como héroes«.

Los traslados de etarras han afectado a 300 víctimas del terrorismo

Por su parte Ana Díaz ha lamentado que ahora a las víctimas se les tiene «en el olvido porque ETA ya no existe y parece que hay que soltar a los asesinos». Díaz cree además que «algunos tratan de sacar rédito político de lo que fue una época de cuarenta años de crueldad y asesinatos».

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha asegurado: «En estos momentos las víctimas nos sentimos más humilladas, vilipendiadas y denostadas que nunca» e «impotentes ante el fin de la política de dispersión de los presos de ETA». Ha recordado que el Gobierno ha llevado a cárceles vascas o próximas a ellas a 202 presos de ETA «cuando dijo que iban a ser traslados puntuales para reclusos sin delitos de sangre».

Araluce ha advertido de que estos traslados ha afectado a casi 300 víctimas del terrorismo y que el 80 por ciento de ellas «han sufrido efectos negativos», ya que además van acompañados de progresiones de grado penitenciario de los reclusos, lo que supone «la antesala de la impunidad». Ha aclarado que la posición de la AVT contraria a estos traslados «no es venganza sino justicia, pues tienen que cumplir íntegramente sus condenas, ni un día más pero ni un día menos».

La presidenta de la AVT ha lamentado que sean «socios del Gobierno quienes no condenan los asesinatos y se preocupan de los derechos de los etarras, a los que se les da más protagonismo político». Por otra parte ha reclamado medidas legislativas para evitar que se sigan celebrando actos de recibimiento y homenaje a etarras, que causan «sensación de impotencia y humillación a las víctimas«.

En la inauguración de las jornadas el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y portavoz de Justicia del PP, Enrique López, ha señalado que «es una vergüenza democrática» que el Gobierno y otras instituciones «intenten silenciar a las víctimas».

«Los verdugos deben estar en prisión el máximo tiempo posible y lejos del País Vasco», ha estimado Enrique López, que ve «vergonzoso» que se progrese a tercer grado -régimen abierto- a presos de ETA que no han pedido perdón ni han reconocido el daño causado.

En las jornadas también ha participado María Luisa Muñoz, que resultó herida junto a su hijo en el atentado yihadista cometido en 2017 en Las Ramblas de Barcelona. «El atentado me ha causado vivir con miedo», ha dicho.

Fuente: EFE

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